FANTASMA DE NARCOFINANCIACION ACOMPAÑA A SAMPER HASTA EL FIN

La investigación contra los 111 congresistas que en 1996 exoneraron al presidente colombiano, Ernesto Samper, hará que el gobernante concluya su mandato con el fantasma del "narcoescándalo" a cuestas.

La Corte Suprema de Justicia confirmó el martes la apertura de una causa contra los políticos.

Los parlamentarios deberán comparecer por el delito de prevaricación que, según el tribunal, se derivó de su actuación en un proceso político contra Samper que finalizó en junio de 1996 con la absolución del presidente.

Por una denuncia penal del entonces fiscal, Alfonso Valdivieso, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sometió al jefe del Estado a un proceso bajo cargos de enriquecimiento ilícito, falsedad y encubrimiento.

Con la acusación, Valdivieso pidió que el Congreso estableciera la responsabilidad del presidente en el ingreso de unos cinco millones de dólares del cartel de la cocaína de Cali en la campaña electoral que lo llevó al poder en 1994.

Contrariamente a lo que sucedió en una primera causa, que dicho comité cerró al alegar falta de pruebas, en esta ocasión el proceso pasó a un plenario de la Cámara baja, que por 111 votos contra 43 declaró inocente al gobernante.

"Hay mérito para iniciar la instrucción del proceso", dijo el martes el presidente de la Sala Penal de la Corte, Jorge Córdoba Poveda, al reiterar en una charla con periodistas de Bogotá el sustento legal del proceso contra los políticos.

El lunes el gobernante había advertido que la investigación "podría llegar a tener el efecto de producir un choque institucional muy grave entre la Corte y el Congreso"

Veinticuatro horas después, el presidente de la Corte Suprema, José Fernando Ramírez, le contestó que la nueva causa "está por la senda de la legalidad, por el carril que le corresponde... Si se encuentra con alguien, es porque el otro no está en el carril de la legalidad".

Más allá de las palabras, el "choque" advertido por Samper pareció tener el mismo martes un primer capítulo: Ramírez no acudió a la casa de Gobierno a un acto en el que Edgar Lombana asumió su cargo como nuevo magistrado de la Corte.

La determinación del alto tribunal fue recibida con extrañeza por el abogado Luis Guillermo Nieto, que defendió a Samper en la Cámara baja y que promovió en la Fiscalía un nuevo proceso por enriquecimiento ilícito contra dos ex ejecutivos de la campaña del presidente.

Con esta causa están vinculados el ex ministro de Defensa Fernando Botero Zea, que ejerció como director general de esa campaña política, y el anticuario Santiago Medina, que actuó como tesorero. Ambos fueron condenados en 1996 a prisión y a millonarias multas.

Otros cuatro ejecutivos de dicha campaña fueron también vinculados con el "narcoescándalo", del que salieron exonerados. Se trata de los ex ministros del Interior Horacio Serpa (derrotado en los comicios del 21 de junio por el conservador Andrés Pastrana), de Exteriores, Rodrigo Pardo, y de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, así como de Juan Manuel Avella.

El ex defensor de Samper consideró que, desde el punto de vista jurídico, la investigación contra los congresistas no tendrá ningún efecto en la situación del gobernante.

"Si se aplica la ley, el presidente puede estar tranquilo (...), su caso no será reabierto jamás", sostuvo el letrado.

Pero Nieto subrayó que una condena de los parlamentarios sí puede tener efectos políticos en la situación del gobernante.

A juicio del abogado, en este caso "habría una condena política que es lo que yo me temo que se pueda estar buscando".

"Es un procedimiento extraño, curioso, que me deja muchas dudas", prosiguió para explicar que nunca un juez de segunda instancia ha acusado de prevaricación al de primera.

Sea cual fuere el fin de este "coletazo" del "narcoescándalo" que mantuvo en crisis durante cerca de dos años a la Administración Samper, el fantasma acompañará al gobernante al menos hasta que entregue el poder a Pastrana, que fue justo quien lo desató.