Esposo de la vicepresidenta vendió playa pública a inversionistas

En octubre de 2019, 6AM de Caracol Radio viajó a San Andrés y encontró que Hitos Urbanos, la empresa de la que es socio Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, está construyendo el Grand Sirenis, el complejo hotelero más ambicioso de la isla. En este multimillonario proyecto acompañan a Rincón, el clan Gallardo, del Partido Liberal, la familia más poderosa de San Andrés, y la Alianza Fiduciaria.

Escuche la primera parte de esta investigación

El proyecto Grand Sirenis obtuvo una licencia de construcción con irregularidades. La más grave de todas es que el edificio sobrepasó los límites de altura. Esta anomalía viene desde 2016, cuando Hitos Urbanos obtuvo la licencia. Así lo explicó el secretario de Planeación de San Andrés, Felipe Bush, en 2019.

El Grand Sirenis es un proyecto de tres torres que se construyeron en dos lotes. Una de las torres tiene una altura equivalente a once pisos, es decir, cinco pisos por encima de la norma. Según el secretario Bush, el anterior secretario de Planeación expidió la licencia apelando al principio de neutralidad, es decir, si ya otros edificios en San Andrés tienen más de seis pisos, ¿por qué este no?

• Lea la primera parte de esta investigación: La playa pública que terminó en manos del esposo de la vicepresidenta

El problema con la licencia que expidió el secretario de Planeación de San Andrés en 2016, que le permitió construir edificios de más de seis pisos a la empresa Hitos Urbanos, es que no subsanó esa irregularidad con áreas de compensación. Es decir, por el principio de neutralidad, Hitos Urbanos podía construir más de seis pisos en el Grand Sirenis si a cambio compensaba a la isla con algún predio. Generalmente es una obra que se le entrega a la comunidad para su beneficio.

Para compensar los pisos de más en el Grand Sirenis, Hitos Urbanos entregó como área de compensación una cancha y el arreglo de la playa del edificio donde tenían apartamento la vicepresidenta, su esposo y los socios de Hitos Urbanos. Toda una coincidencia que el área de compensación para subsanar las irregularidades de la licencia del Grand Sirenis quedara justo al frente de otra propiedad de la familia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Hasta 2021 el apartamento seguía siendo propiedad de la familia Rincón Ramírez.

Además de sobrepasar los límites de altura y compensar a la isla con un predio para la comunidad justo al frente del edificio donde tenían apartamento los socios de Hitos Urbanos y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el proyecto hotelero Grand Sirenis incluía en su oferta una playa privada. Sin embargo, esta porción de playa era un bien público que terminó en manos de la familia Gallardo.

La playa que reclaman como pública

El otro hallazgo de esta investigación tiene que ver con una playa pública que terminó en manos de privados, pero no solo eso, esos privados, en este caso Hitos Urbanos, les vendieron a los inversionistas del Grand Sirenis esa playa. ¿Cómo pudieron venderles a sus inversionistas un bien público?

#LasCuentasClaras encontró que Hitos Urbanos vendió a sus inversionistas un proyecto hotelero e inmobiliario que consta de tres matrículas inmobiliarias. Una de ellas es la matrícula inmobiliaria de la playa pública que queda al frente del hotel.

Para las autoridades de San Andrés es imposible que Hitos Urbanos pueda vender un bien de uso público de la nación. Lo dijo Everth Hawkings poco antes de asumir la gobernación de San Andrés en 2020. Lo repitió Felipe Bush, exsecretario de Planeación de San Andrés en 2019: “No entendería cómo podrían vender algo que es público”.

Pero la noticia es que lo hicieron. Vendieron un bien público a sus inversionistas. En este caso, les vendieron una playa pública, como lo reconocen los funcionarios de San Andrés, a los inversionistas del Grand Sirenis.

Juan Camilo Ochoa, gerente de Hitos Urbanos, dijo que no había ninguna irregularidad, pues un acuerdo de la intendencia de San Andrés de 1971 autorizó la permuta de esa playa a la familia Gallardo y ahí nace el derecho privado sobre ese predio.

El gobernador Hawkings mantiene la posición de 2019: la playa es pública y pronto tiene que ser restablecida a los ciudadanos, pues la familia Gallardo tuvo la concesión de esa playa hasta 2014. Ese año, la concesión se venció y la Dirección General Marítima, Dimar, no la ha renovado, ni la puede renovar, según el mandatario, porque una orden del Consejo de Estado prohíbe concesionar playas.

La Dimar, en respuesta a una petición reciente, asegura que esa playa es pública y que la familia Gallardo tuvo una concesión de ese bien de uso público de la nación hasta 2014 y en la actualidad no tiene ningún permiso.

Las notarías

La primera escritura de esa playa es la 350 de 1966. Esa escritura dice textualmente que la Intendencia Nacional de San Andrés es la dueña absoluta de los terrenos recuperados por el relleno. Es decir, la playa que queda al frente del Grand Sirenis y que es un bien público, es una playa que no existía, sino que nació a partir de 1966 gracias a un dragado, a un relleno que contrató la Intendencia de San Andrés en 1964 por 26 millones de pesos, unos 30 mil millones de pesos a plata de hoy.

Adalberto Gallardo Flórez fue el intendente que contrató el relleno del pantano y luego reclamó las nuevas tierras como propias. La Intendencia se las entregó en permuta en 1971 y hoy el Grand Sirenis se presenta como propietario.

Escuche aquí la tercera parte de esta investigación.