Eutanasia y libertades individuales, ¿cuál es el límite del Estado?

Hoy en Hora20 un debate para analizar a fondo las libertades individuales y la capacidad del Estado para tomar decisiones en asuntos como la eutanasia o el aborto. Se analizó la polémica cancelación de un procedimiento de eutanasia que se llevaría a cabo este domingo; el argumento de la IPS, del Ministerio de Salud y la respuesta de la Corte Constitucional. También una mirada al confuso y doloroso hecho de violencia en Tibú que compromete el homicidio de un menor de 12 años y un joven en 18. Por último, una mirada a dos decisiones de la justicia que levantan polémica.

En varios países la eutanasia es considerado un ejercicio pleno de la libertad, pues se considera una decisión individual, esto bajo algunos parámetros que establece el Estado. En el país este fin de semana se vio cómo una mujer que esperaba que el pasado domingo 10 de octubre a las 7 de la mañana recibiera el procedimiento de la eutanasia, se vio frustrado tras al reversazo que tomó la IPS Indocol al considerar que la mujer que padece de esclerosis lateral amiotrófica, no era una paciente con "criterio de terminalidad" y que su tiempo de vida podría superar los seis meses. Con esta decisión no solo se echaba para atrás en una decisión que había tomado el mismo comité en agosto, sino que desconocería la decisión de la sentencia C-233 en la que la Corte Constitucional establece que no es necesario cumplir con el factor de ser un paciente terminar para acceder a la eutanasia.

A su vez el Ministerio de Salud comunicó que no han sido notificados de esta decisión de la Corte y que por lo tanto no hay efectos jurídicos, mientras que el alto tribunal en un comunicado en respuesta al Ministerio planteó que así se publique solo el comunicado en la parte resolutiva, basta para que la decisión tenga cumplimiento un día después de su publicación.

Ante el panorama de la eutanasia y las barreras que encuentran los ciudadanos, se vuelve a abrir la discusión sobre las decisiones individuales, libertades y la capacidad de influencia del Estado para que se tomen determinadas decisiones como ocurre con casos como el del aborto o el consumo de sustancias psicoactivas, en los cuales, el Congreso no adopta las recomendaciones de las altas cortes cuando son exhortadas a legislar en la materia, por lo tanto, el país se va quedando con la jurisprudencia fruto de las decisiones que ha tomado en los últimos años la Corte Constitucional.

Lo que dicen los panelistas

María Teresa Ronderos, periodista, columnista y directora del Centro Latinoamericano para la Investigación Periodística, planteó que en el caso de Martha Sepúlveda causa curiosidad que solamente porque ella sale en televisión a contar su caso se viene una presión política y que, por lo tanto, considera que la decisión que tomó la IPS no es técnica y que, en vez de protegerle sus derechos, "se los pasan por la galleta". También se preguntó si puede haber una influencia política externa o intereses políticos y religiosos que expliquen el reversazo en el procedimiento de la eutanasia.

Frente al doble homicidio en Tibú, afirmó que sintió enorme pesar de una cultura degradada, no tanto por los actores armados, sino por los comerciantes y personas que hacen el video del menor y del joven. "Me aterró ver cómo actuó la ciudadanía y da escalofrío ver que a los comerciantes les parece perfectamente bien poner a niños en una cámara, condenarlos y acusarlos".

José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, planteó que es una pena que sea la Corte Constitucional y casos particulares como los de Martha Sepúlveda los que moldeen todo lo relacionado con morir dignamente. "Parece que hay diferencia entre la autonomía del ciudadano y mayor comodidad en un statu quo", pue comenta que es problemático que el Congreso, el encargado de regular y legislar en la manera siga negando la reglamentación. De otro lado, aseguró que la ausencia de una ley reglamentaria no exime a la IPS de cumplir el derecho a morir dignamente.

En cuanto al hecho de Tibú dijo que en la naturaleza de las organizaciones ilegales, "ellos buscan ganar legitimidad prestando servicios que el Estado no presta como es la justicia; esto muy propio de paramilitares y guerrilla: ejercer autoridad".

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista en El Espectador, explicó que la Constitución de 1991 tiene principios de dignidad y de autonomía de las personas con unas limitaciones en las que debería ser el congreso quien las establezca. No obstante, comenta que, ante la ausencia del congreso para votar en temas como eutanasia o interrupción voluntaria del embarazo, se legitima la acción de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre esos derechos. También planteó que la democracia tiene un límite en los derechos fundamentales, "sobre todo en los de las minorías".

Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, criticó que las decisiones de la Corte se queden en anuncios de Twitter y que en un tema tan sensible como la eutanasia apenas se conozca el fallo completo en octubre cuando la decisión se comunicó en julio. Destacó que los temas sensibles como lo es el aborto y la eutanasia deberían debatirse y votarse en el legislativo y no en un "grupo de personas", haciendo referencia así a la Corte Constitucional. Además, comentó que si el congreso no está de acuerdo en regulares temas sensibles, es respetable y que por ende no implica algo negativo.

"Se ve barbarie. Haber ajusticiado a un joven y a un menor es escalofriante", planteó sobre la violencia en Tibú, al tiempo que dijo que en este caso se ve una degradación compleja de la violencia, "así como se nota cierta conciencia de quienes los retienen de que eso podría ocurrir".