¿Cómo avanza la implementación del Acuerdo de paz durante la pandemia?

En Hora 20 nos dedicamos a analizar cual es la situación de la paz en medio de la pandemia del Covid-19. Analizamos junto a las voces autorizadas, los avances en materia de reincorporación; asesinato de exfarc y líderes sociales. Los avances en la sustitución de cultivos ilícitos; la reforma rural integral y, por último, la situación de los PDETS durante la cuarentena.

Desde el inicio de la pandemia distintas organizaciones como la Misión de verificación de la ONU han hecho un llamado para que la emergencia que vive el país no funcione como excusa para la demora en la implementación de lo Acordado en 2016. También institutos como el KROC de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, han dicho que las amenazas a la paz siguen latentes y que la pandemia ha generado lentitud en los procesos de implementación de la paz…

El primer punto que abordaremos es el de reincorporación; víctimas y asesinato de líderes sociales y exfarc. El gobierno asegura que la situación de los excombatientes ha mejorado; que la mayoría tienen afiliación a sistemas como el de pensión y salud. Para programas de reincorporación se han destinado más de $171.000 millones de dólares con el fin de implementar proyectos en los espacios de reincorporación. Ante la amenaza por el coronavirus, la alta consejería para la estabilización ha dicho que se desarrollan programas como la entrega de 100 mil mercados; se han destinado $46.000 millones para indemnizar víctimas y que se sigue cumpliendo con el pago del 90% de un salario mínimo a los excombatientes.

Por otro lado, preocupa la situación de seguridad de líderes sociales en municipios PDET y de exfarc. Hasta la fecha según Indepaz han sido asesinados 77 líderes sociales este año; 10 de ellos desde que comenzó la cuarentena. Mientras que han sido asesinados 23 exfarc; cinco desde que empezó la cuarentena.

Desde la ONU en su último informe trimestral se hizo un llamado al gobierno para que hubiera celeridad en el desarrollo de proyectos que tengan que ver con la Reforma Rural Integral; en la misma línea varios Congresistas han denunciado desde el año pasado la reducción en presupuesto entre el 6 y el 20% para el desarrollo de programas de tierras o de PDET, en organismos como la ANT, ADR Y ARN. También preocupa que con el presupuesto actual para proyectos como los PDET solo se esté ejecutando al año el 1,36% de lo que se debería ejecutar para cumplir con lo propuesto.

Lo que dicen los expertos

Ariel Ávila, politólogo, columnista y subdirector de la Fundación paz y reconciliación; advierte que hoy son 124 municipios los que tiene situación e alta complejidad en materia de seguridad; principalmente en regiones como el Catatumbo y el Bajo Cauca; también en departamentos como Putumayo y Cauca. Añade que, aunque la situación no es tan grave como hace unos seis años, el número que se tiene hoy es mayor al mínimo de hace algunos años. En cuanto a la reincorporación, dice que en lo económico va bien, pero en cuanto a la seguridad física de los exfarc, la situación va muy mal, ya que cada vez sigue aumentando la muerte de quienes intentan volver a la vida civil.

Añade que desafortunadamente el gobierno durante el primer año de gestión perdió mucho tiempo y se notó cierta parálisis en la implementación del acuerdo, con lo que se perdió en lo que ya se había avanzado. En la misma línea argumenta el gobierno tenia perjuicio sobre un programa como el PNIS y ante esto se dejó coger ventaja, por eso el aparente fracaso de la sustitución de cultivos ilícitos. Concluye diciendo que la solución es implementar el Acuerdo, pero dice que al gobierno no le interesa.

Camilo González, exministro de Salud y presidente de INDEPAZ, pone en foco en la situación de confinamiento que se está viviendo en algunas regiones del país, por cuenta del control territorial que tienen actores ilegales ante las rutas de narcotráfico. Señala que esa situación de confinamiento hace que las políticas de cuarentena sean mucho más complejas, y que la situación de violencia se ha recrudecido en departamentos como el Cauca. Advierte que debido a la pandemia el avance en la implementación del Acuerdo de paz se va a ver afectado y habla por ejemplo de la situación de cultivos ilícitos en el país, argumentando que métodos como la sustitución forzada han tomado más fuerza que los programas con sentido social como los que comprendía el PNIS.

Como solución ante la violencia en algunos territorios y el fracaso de programas de sustitución de cultivos ilícitos, dice que es el momento para desarrollar programas de seguridad alimentaria, en los que el gobierno destine $5 billones en al mes 170 municipios, lo que se lograría cobijar al menos a 500.000 familias. Concluye diciendo que esto es mucho mejor para el país y que es responsabilidad del Estado llegar a esos territorios con recursos.

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, señala que sí veníamos con rezagos en aspectos fundamentales como el de reincorporación de los exguerrilleros; la sustitución de cultivos ilícitos y la formalización de las tierras, además, le preocupa que con la situación del país con la pandemia del COVID-19 esos rezagos se puedan profundizar y esos problemas aumenten; por ejemplo, las restricciones económicas según ella también se van a sentir en lo relacionado con la implementación de la paz.

También dice que es preocupante la forma como se han acelerado los asesinatos contra exfarc, y advierte que si la tendencia se mantiene a final de este año la cifra puede ser de 80 exguerrilleros de Farc asesinados.

Roy Barreras, senador de la República por el Partido de la U, dice que el Acuerdo de paz tiene todo que ver con la situación que se vive hoy en el país, ya que se buscaba un mejor futuro para las zonas donde hay mas violencia, pero por el contrario dice que hay territorios en los que la guerra se ha recrudecido. Agrega que esta pandemia ha desnudado las falencias del Estado en el campo y los problemas que se tienen todavía con el narcotráfico. Dice que uno de los grandes problemas es que el actual gobierno no cree en programas como el de erradicación de cultivos ilícitos.

Carlos Negret, defensor del pueblo, señala que la gran dificultad que tiene hoy el país se debe al narcotráfico, dice “he visitado todas las zonas donde hay narcotráfico; los recursos no le están quedando a los campesinos.” Dice que en algunas zonas como en el Cauca la Fuerza Pública ha tenido que salir de territorios porque la población no los quiere tener ahí. Dice que en este momento el Acuerdo de paz es importante porque pretendía que la violencia se acabara en las zonas de conflicto, pero dice que faltó socialización sobre los programas estatales.

Para Pastor Alape, delegado del partido FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación, advierte que la situación en los ETCR es compleja a la hora de implementar medidas de salubridad para evitar contagio o propagación del COVID-19; ya que como comenta, en estos territorios los servicios sanitarios casi siempre son compartidos entre varias personas. También le preocupa la situación de más de 9 mil excombatientes que están por fuera de los ETCR, ya que muchos de estos no están teniendo ningún tipo de ingreso en este momento, por eso han hecho una solicitud ante el gobierno para que se expidan bonos alimentarios para esta población.

Concluye diciendo que la paz no puede ser mediática, pero que hay procesos que preocupan en el marco de la implementación de lo acordado en La Habana, dice que los PDET están desfinanciados; que el PNIS no está funcionando porque no se ha implementado de manera integral “son realidades que afectan la reincorporación integral de la población que dejó las armas.”