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Contraloría en Bolívar identificó procesos de responsabilidad fiscal por $287.961 millones

El ente de control ha iniciado 84 procesos en el último año, cuya cuantía asciende a más de 41.000 millones de pesos.

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Durante la rendición de cuentas de la Contraloría Regional de Bolívar, se dieron a conocer varias irregularidades en el distrito de Cartagena y el departamento de Bolívar que corresponden a 84 procesos, que generaron afectaciones de más de 41.000 millones de pesos.

En Cartagena, el ente de control adelanta una investigación  al contrato administración suscrito entre el  Ministerio de Cultura y la Sociedad de mejoras públicas de Cartagena, en el que habría evidenciado un presunto detrimento patrimonial por $ 5,396,448,581.

“Se dio la disminución no autorizada de los cánones de arriendo de los locales comerciales de las bóvedas sector amurallado de Cartagena, estas diferencias se presentaron desde el año 2002 hasta el año 2012 (…) se evidenció un presunto detrimento patrimonial por $ 5,396,448,581”, dijo la Contraloría.

Entre los procesos que vienen en curso de mayor relevancia se encuentra el relacionado con Transcaribe, un presunto sobrecosto en  la adquisición de predios para la construcción de las vías y andenes del Sistema de Transporte Masivo por valor de 32.870 millones de pesos.

También identificaron un posible sobrecosto del emisario submarino por 19 mil millones de pesos; e Igualmente un proceso por más de 24.000 millones de pesos contra la Aerocivil para el cumplimiento de la acción popular por la compra de predios aledaños al aeropuerto Rafael Núñez sin que hasta la fecha se hayan pagado la totalidad de las obligaciones impuestas, entre otros.

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HALLAZGOS FISCALES

La contraloría, manifestó que pudieron establecer un presunto hallazgo fiscal por 2.637. Millones, en un contrato suscrito entre el Consorcio Vial Urbano, cuyo objeto fue la Construcción y Rehabilitación de Vías en la Localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena de Indias, la firma contratista, no ejecutó a cabalidad sus obligaciones contenidas en el contrato dejando obras que no prestan ninguna utilidad.

El Distrito suscribió el contrato el  24 de enero de 2014, cuyo objeto fue la Prestación de Servicios para el Apoyo Financiero Integral y Estratégico al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias” por un valor fijo de $549.320.000, más un Componente de Éxito, el cual correspondía a una comisión de éxito equivalente al 1% sobre el préstamo de 250 mil millones contratados con la Banca.

“Para el equipo auditor de la Contraloría, se determinó que la contratación fue injustificada, innecesaria, desventajosa, ineficiente y desfavorable para los intereses del distrito de Cartagena de Indias, generando un presunto detrimento patrimonial al erario público en cuantía de $2.500.000.000, producto de una gestión fiscal ineficiente. Hallazgo con presunta connotación fiscal y disciplinaria”.

En inspección documental realizada al expediente del contrato No. 011 de 2014, no se encontró registro que soporte la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionando un presunto detrimento patrimonial al erario público en cuantía de $379.320.000 esto último se le trasladó por competencia a la contraloría distrital.

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HECHOS DE INTERÉS

En el departamento de Bolívar, se encontró un presunto incumplimiento en el Convenio Interadministrativo 1493 de 2010 cuyo objeto era mejoramiento mantenimiento y rehabilitación de vías departamentales, municipales, vías para la competitividad y vías de la red terciaria nacional en jurisdicción del Departamento de Bolívar por valor de $3,940,000,000.

“De 10 Indagaciones Preliminares trasladadas al grupo encargado de adelantar los Proceso de Responsabilidad  Fiscal para apertura,  Seis, equivalentes al 60%, tuvieron su origen en Actuaciones de Participación Ciudadana, que en cuantía representan el 88% de las cuantías de los procesos. Es decir, de los $2.033.408.242, trasladados a Responsabilidad Fiscal,  $1.785.109.209 corresponden a IPS originadas en Denuncias Ciudadanas, lo que demuestra la importancia de la participación ciudadana en el  ejercicio del control fiscal  practicado por la Contraloría General de la Republica”.   

En el departamento de Bolívar la Contraloría indicó, “La administración municipal realizó el convenio interadministrativo 001 de 2011 con la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de SAN GIL ACUASAN I.E.C.E. E.S.P., con el objeto de realizar la construcción. Optimización e interventoría de obras de agua potable y saneamiento básico del área urbana y de los corregimientos de Bocahonda y el dique y de la vereda Boca Ciénaga y vereda Simoita, esta a su vez subcontrató a la firma unión temporal acueducto de morales 2011, dándose por recibido en acta la totalidad de las obras y canceló el valor total del convenio por $3,375,728,290, siendo que los proyectos del corregimiento de Boca Ciénaga y de vereda Simoita, no opera y el servicio de suministro de agua potable en el casco urbano no es óptimo debido a una inadecuada instalación de red”.  

Según las investigaciones del ente de control, el subcontratista “realizó las obras en estos tres frentes de trabajo, pero debido a técnicas de construcción y equipos utilizados, los acueductos del corregimiento de boca de ciénaga y el de la vereda Simoita, no operan o sea no entregan agua tratada las comunidades y el servicio de agua potable en el casco urbano no es óptimo, ya que no se le entrega agua potable a algunos sectores de esta población”.

De igual forma señalaron lo hallado en el municipio de Santa Catalina, relacionados con contratos del acueducto, por $1,065,404,597

“Inversión de recursos públicos en predios privados e santa catalina bolívar, los recursos invertidos $1,065,404,597 en el proyecto diseño y construcción para la optimización y ampliación del sistema de acueducto de los corregimientos de Loma Arena - Pueblo Nuevo Colorado - El Hobo jurisdicción del municipio de Santa Catalina, no cumplieron con el objeto para el cual fueron destinados, es decir se está incumpliendo con las metas de cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicios de agua potable y saneamiento básico”.

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