Santos dijo que zonas de reserva campesina no se decidirán “bajo presión de vías de hecho”
El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no se va a poner en juego la seguridad y autoridad del Estado para definir bajo presión este reclamo en el Catatumbo.
Foto: El Tiempo(Thot)
El jefe de Estado se refirió a los 30 días de protestas campesinas que se completan en la zona del Catatumbo, y a las mesas de negociación con el Gobierno que fueron suspendidas por el Ejecutivo, ante la negativa de los líderes de las manifestaciones de levantar los bloqueos en la zona.
El presidente Santos reconoció que la petición de zonas de reserva campesina es “un instrumento legítimo de desarrollo rural que tiene su respaldo en la ley, pero es una decisión a la que no se puede llegar con la presión de las vías de hecho”, ni que puede estar sujeta a los acuerdos que se lleguen con las Farc en La Habana.
Santos agregó que como en todo Estado de derecho, se tienen que cumplir los procedimientos necesarios para que las instituciones correspondientes declaren estas zonas, bajo un reconocimiento administrativo de las instituciones con competencias jurídicas.
En este sentido el mandatario advirtió:
“A esta decisión, no se puede llegar por la presión de las vías de hecho. Por eso quiero ser muy claro y muy contundente: eso no va a suceder, eso no lo vamos a permitir. El Gobierno tiene toda la disposición para acordar programas con los campesinos, pero no vamos a poner en juego la autoridad del Estado y la seguridad de los colombianos, que quede muy claro”, enfatizó el mandatario.
Durante la inauguración de AgroExpo, el mandatario afirmó que las demandas sociales en el Catatumbo son deudas de viaja data, que se han visto frenadas por fenómenos como el narcotráfico que han impedido el ingreso de planes de desarrollo en Norte de Santander.
Sin embargo, advirtió que estos factores no son justificables para que el Gobierno no haga lo que esté a su alcance para resolver la problemática, referida por ejemplo, a la inadecuada coordinación de la erradicación de cultivos ilícitos en esta y en otras regiones del país.
El presidente Santos precisó que una cosa es dialogar con los campesinos y “otra cosa bien distinta es tratar de aprovecharse de cooptar este descontento muchas veces justificado del campesinado y su derecho a la protesta social, para por vías de hecho intentar obligar al Estado a tomar decisiones administrativas con consecuencias jurídicas sobre todo el territorio nacional”.
El Gobierno anunció que ya se están ejecutando más de 2 billones de pesos para atender las demandas de la población en la región.
Autor: Andrea Díaz.
El presidente Santos reconoció que la petición de zonas de reserva campesina es “un instrumento legítimo de desarrollo rural que tiene su respaldo en la ley, pero es una decisión a la que no se puede llegar con la presión de las vías de hecho”, ni que puede estar sujeta a los acuerdos que se lleguen con las Farc en La Habana.
Santos agregó que como en todo Estado de derecho, se tienen que cumplir los procedimientos necesarios para que las instituciones correspondientes declaren estas zonas, bajo un reconocimiento administrativo de las instituciones con competencias jurídicas.
En este sentido el mandatario advirtió:
“A esta decisión, no se puede llegar por la presión de las vías de hecho. Por eso quiero ser muy claro y muy contundente: eso no va a suceder, eso no lo vamos a permitir. El Gobierno tiene toda la disposición para acordar programas con los campesinos, pero no vamos a poner en juego la autoridad del Estado y la seguridad de los colombianos, que quede muy claro”, enfatizó el mandatario.
Durante la inauguración de AgroExpo, el mandatario afirmó que las demandas sociales en el Catatumbo son deudas de viaja data, que se han visto frenadas por fenómenos como el narcotráfico que han impedido el ingreso de planes de desarrollo en Norte de Santander.
Sin embargo, advirtió que estos factores no son justificables para que el Gobierno no haga lo que esté a su alcance para resolver la problemática, referida por ejemplo, a la inadecuada coordinación de la erradicación de cultivos ilícitos en esta y en otras regiones del país.
El presidente Santos precisó que una cosa es dialogar con los campesinos y “otra cosa bien distinta es tratar de aprovecharse de cooptar este descontento muchas veces justificado del campesinado y su derecho a la protesta social, para por vías de hecho intentar obligar al Estado a tomar decisiones administrativas con consecuencias jurídicas sobre todo el territorio nacional”.
El Gobierno anunció que ya se están ejecutando más de 2 billones de pesos para atender las demandas de la población en la región.
Autor: Andrea Díaz.
