En Córdoba la negligencia de la CAR va sobre ruedas
La Procuraduría y Minambiente tienen las denuncias de las comunidades de los ríos Sinú y San Jorge por obras de mitigación del invierno hechas con miles de llantas en desuso.
(Thot)
En manos de la Procuraduría, la Contraloría y el Minambiente están las denuncias de las comunidades ribereñas de los ríos Sinú y San Jorge por las obras de mitigación del invierno pasado hechas con llantas en desuso. Los contratos suman casi 16 mil millones de pesos.
Los habitantes de Bocas de la Ceiba y el Barrio La Esmeralda de Montería se ilusionaron en septiembre de 2010 con el anuncio de un contrato firmado por la CVS (CAR para las cuencas del Sinú y el San Jorge) con el consorcio ECCOH por casi 15 mil 946 millones de pesos. El contrato tenía como objeto realizar obras de control de inundaciones y erosión para prevenir desastres. Lo que a las comunidades no les contaron es que la sofisticada tecnología que se iba a usar para detener taludes estaba basada en el uso de llantas de carro unidas con alambre y hasta con cabuya aseguradas por troncos de madera cimentados en la orilla de estos ríos.
“Empezamos a denunciar la tala de árboles naturales y nativos de la ribera del río Sinú para meter 250 mil llantas. Esto no lo socializaron con la comunidad, sino con un grupo de personas”, explicó Daniel Posso, denunciante y líder comunitario.
La “novedosa ingeniería” aplicada a estas obras se desarrolló ignorando por un lado que la política pública contra el dengue considera las aguas depositadas en llantas como focos potenciales para el mosquito del dengue hemorrágico.
“La comunidad empezó a denunciar que había mosquitos, ya que las llantas fueron depositadas cuatro meses antes de iniciar las obras y se empezaron a presentar problemas de dengue”, explicó Rafael Gómez, periodista de la Voz de Montería.
Lo hicieron sin tener en cuenta estudios que se pueden consultar fácilmente en internet donde se muestran los efectos tóxicos que pueden tener los neumáticos sumergidos en las aguas. Pero, y eso es lo peor, firmaron el contrato en septiembre de 2010 a pesar de que tres meses antes el Ministerio de ambiente había expedido la Resolución 1457 que reglamentaba la disposición final de llantas en el país y consideraba claramente las llantas abandonadas un factor de contaminación.
“Nosotros no conocemos ninguna socialización ni estudio ambiental que se haya hecho, porque sino el contrato no saldría como deber salir, es una improvisación”, dijo Posso.
La CVS no sólo firmó el contrato sino que dos meses después de su firma, muy diligentemente desembolsó al consorcio un anticipo por más de 7 mil millones de pesos. Los testimonios de las comunidades y recogidos por el Bloque Informativo de La Voz de Montería han demostrado que algunas de las primeras obras significaron incluso la tala de decenas de árboles en la orilla del río para poder instalar los tendidos de llantas que supuestamente evitarían la erosión.
“La improvisación llevó a que además les dieran mal las coordenadas a los trabajadores de la obra, y se cortaron 1500 árboles equivocadamente, también se hundió toda la zona, y se llevó la carretera”, denuncia Gómez. “Ojalá investiguen cuántos millones están enterrados en el río Sinú sin ningún beneficio para el control de la erosión, lo cual no es culpa del río, sino culpa de todas las personas y empresas que lo usan”.
En los últimos dos meses sin embargo varias comunidades ribereñas, armadas de fotos y videos, han demostrado que al bajar el nivel del río, las aguas se llevaron buena parte de la "innovadora estructura" de la ingeniería criolla y con ella varias fajas de terreno que han puesto en peligro una carretera veredal e incluso decenas de casas ribereñas. Las llantas que quedaron amarradas están convertidas en depósitos de aguas lluvias y residuales y las otras están en el fondo del cauce o han sido llevadas por el torrente, aguas arriba, en dirección al Golfo de Morrosquillo. La CVS no sabe ni siquiera cuántas llantas están perdidas.
El remedio resultó peor que la enfermedad, dicen los monterianos. A pesar de que en el contrato el plazo de ejecución era de 9 meses, han pasado 16 y la CVS no ha recibido completamente las obras contratadas.
“Anticipamos que la Boca de la Ceiba va a ser una tragedia para esta comunidad en el invierno (…) No estamos en contra de ningún funcionario en concreto, pero es que administrativamente el señor Elder Oyola (director de la CAR) no lo está haciendo bien. Estamos es en contra de las obras que se hacen en contra de la comunidad”, concluyó el líder comunitario.
A eso se le suma que en el consorcio que desarolla el contrato por 16 mil millones de pesos, se encuentra la empresa Equip Plus, relacionada con el Grupo Nule y con el incumplimiento de un contrato por mil millones de pesos para una obra similar en el municipio de Montelibano.
También hay quejas de ciudadanos por los cerca de 22 mil millones de pesos invertidos en la laguna de oxidación en la Ciénaga de Oro, sin que esta haya sido entregada.
La W Radio también tiene el oficio del director del Incoder, Juan Manuel Ospina, hacia Elder Oyola por la autorización que la CVS dio a un consorcio privado para verter aguas residuales en un distrito de riego, del cual se abastecen los cultivadores y campesinos.
“Aquí el negocio no es que no haya inundaciones, sino que sí las hay es para que el gobierno, a través de Colombia Humanitaria, le invierta 200 mil millones de pesos para el departamento de Córdoba, y se lo entreguen a los contratistas amigos de ellos”, dijo Gómez.
Es así como queda el interrogante de cuántos contratos le ha cedido Colombia Humanitaria a la CVS para adelantar obras de mitigación para el invierno, a pesar de toda esta situación.
“Lo de ese jarillón es una forma de despilfarrar la plata”: Frank Pearl
El Ministro de Ambiente dijo que conocía la decisión de construir unos jarillones hechos con llantas, pero que esos recursos son contaminantes y que los jarillones construídos así no duran nada.
“En nuestra opinión esa es una forma de despilfarrar la plata. Las denuncias que están haciendo tienen todo el sentido, y las preocupaciones son totalmente válidas”, explicó el Ministro.
Pearl también dijo que el Ministerio tiene proyectado introducir al Congreso un proyecto de ley para ganar gobernabilidad en las corporaciones. “También queremos que haya consecuencias sobre las personas que han despilfarrado esos presupuestos”, sentenció.
Los habitantes de Bocas de la Ceiba y el Barrio La Esmeralda de Montería se ilusionaron en septiembre de 2010 con el anuncio de un contrato firmado por la CVS (CAR para las cuencas del Sinú y el San Jorge) con el consorcio ECCOH por casi 15 mil 946 millones de pesos. El contrato tenía como objeto realizar obras de control de inundaciones y erosión para prevenir desastres. Lo que a las comunidades no les contaron es que la sofisticada tecnología que se iba a usar para detener taludes estaba basada en el uso de llantas de carro unidas con alambre y hasta con cabuya aseguradas por troncos de madera cimentados en la orilla de estos ríos.
“Empezamos a denunciar la tala de árboles naturales y nativos de la ribera del río Sinú para meter 250 mil llantas. Esto no lo socializaron con la comunidad, sino con un grupo de personas”, explicó Daniel Posso, denunciante y líder comunitario.
La “novedosa ingeniería” aplicada a estas obras se desarrolló ignorando por un lado que la política pública contra el dengue considera las aguas depositadas en llantas como focos potenciales para el mosquito del dengue hemorrágico.
“La comunidad empezó a denunciar que había mosquitos, ya que las llantas fueron depositadas cuatro meses antes de iniciar las obras y se empezaron a presentar problemas de dengue”, explicó Rafael Gómez, periodista de la Voz de Montería.
Lo hicieron sin tener en cuenta estudios que se pueden consultar fácilmente en internet donde se muestran los efectos tóxicos que pueden tener los neumáticos sumergidos en las aguas. Pero, y eso es lo peor, firmaron el contrato en septiembre de 2010 a pesar de que tres meses antes el Ministerio de ambiente había expedido la Resolución 1457 que reglamentaba la disposición final de llantas en el país y consideraba claramente las llantas abandonadas un factor de contaminación.
“Nosotros no conocemos ninguna socialización ni estudio ambiental que se haya hecho, porque sino el contrato no saldría como deber salir, es una improvisación”, dijo Posso.
La CVS no sólo firmó el contrato sino que dos meses después de su firma, muy diligentemente desembolsó al consorcio un anticipo por más de 7 mil millones de pesos. Los testimonios de las comunidades y recogidos por el Bloque Informativo de La Voz de Montería han demostrado que algunas de las primeras obras significaron incluso la tala de decenas de árboles en la orilla del río para poder instalar los tendidos de llantas que supuestamente evitarían la erosión.
“La improvisación llevó a que además les dieran mal las coordenadas a los trabajadores de la obra, y se cortaron 1500 árboles equivocadamente, también se hundió toda la zona, y se llevó la carretera”, denuncia Gómez. “Ojalá investiguen cuántos millones están enterrados en el río Sinú sin ningún beneficio para el control de la erosión, lo cual no es culpa del río, sino culpa de todas las personas y empresas que lo usan”.
En los últimos dos meses sin embargo varias comunidades ribereñas, armadas de fotos y videos, han demostrado que al bajar el nivel del río, las aguas se llevaron buena parte de la "innovadora estructura" de la ingeniería criolla y con ella varias fajas de terreno que han puesto en peligro una carretera veredal e incluso decenas de casas ribereñas. Las llantas que quedaron amarradas están convertidas en depósitos de aguas lluvias y residuales y las otras están en el fondo del cauce o han sido llevadas por el torrente, aguas arriba, en dirección al Golfo de Morrosquillo. La CVS no sabe ni siquiera cuántas llantas están perdidas.
El remedio resultó peor que la enfermedad, dicen los monterianos. A pesar de que en el contrato el plazo de ejecución era de 9 meses, han pasado 16 y la CVS no ha recibido completamente las obras contratadas.
“Anticipamos que la Boca de la Ceiba va a ser una tragedia para esta comunidad en el invierno (…) No estamos en contra de ningún funcionario en concreto, pero es que administrativamente el señor Elder Oyola (director de la CAR) no lo está haciendo bien. Estamos es en contra de las obras que se hacen en contra de la comunidad”, concluyó el líder comunitario.
A eso se le suma que en el consorcio que desarolla el contrato por 16 mil millones de pesos, se encuentra la empresa Equip Plus, relacionada con el Grupo Nule y con el incumplimiento de un contrato por mil millones de pesos para una obra similar en el municipio de Montelibano.
También hay quejas de ciudadanos por los cerca de 22 mil millones de pesos invertidos en la laguna de oxidación en la Ciénaga de Oro, sin que esta haya sido entregada.
La W Radio también tiene el oficio del director del Incoder, Juan Manuel Ospina, hacia Elder Oyola por la autorización que la CVS dio a un consorcio privado para verter aguas residuales en un distrito de riego, del cual se abastecen los cultivadores y campesinos.
“Aquí el negocio no es que no haya inundaciones, sino que sí las hay es para que el gobierno, a través de Colombia Humanitaria, le invierta 200 mil millones de pesos para el departamento de Córdoba, y se lo entreguen a los contratistas amigos de ellos”, dijo Gómez.
Es así como queda el interrogante de cuántos contratos le ha cedido Colombia Humanitaria a la CVS para adelantar obras de mitigación para el invierno, a pesar de toda esta situación.
“Lo de ese jarillón es una forma de despilfarrar la plata”: Frank Pearl
El Ministro de Ambiente dijo que conocía la decisión de construir unos jarillones hechos con llantas, pero que esos recursos son contaminantes y que los jarillones construídos así no duran nada.
“En nuestra opinión esa es una forma de despilfarrar la plata. Las denuncias que están haciendo tienen todo el sentido, y las preocupaciones son totalmente válidas”, explicó el Ministro.
Pearl también dijo que el Ministerio tiene proyectado introducir al Congreso un proyecto de ley para ganar gobernabilidad en las corporaciones. “También queremos que haya consecuencias sobre las personas que han despilfarrado esos presupuestos”, sentenció.
