“El gobierno no está proponiendo liberar delincuentes”: Minjusticia
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, explicó en la W su propuesta para reducir el hacinamiento en las cárceles y habló de los sindicatos de trabajadores penitenciarios.
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, explicó en la W su propuesta para reducir el hacinamiento en las cárceles.
Según la alta funcionaria, se están analizando varias soluciones inmediatas para solucionar el problema de sobrepoblación de reclusos. Una de ellas es el traslado de internos a cárceles que tengan más cupos para rebajar la descongestión. Además, recordó que desde el 2005 se han venido construyendo unos centros penitenciarios llamados ‘erones’, que han sido entregados paulatinamente.
Sin embargo, la medida que más ha generado polémica de la propuesta de la Ministra es la de promover las peticiones de libertad condicional de los reclusos que ya hayan cumplido las dos terceras partes de la pena.
Según la Ministra, esa manera de adquirir la libertad no es una propuesta de la reforma que se presentará al régimen penitenciario, sino que ya es una ley de la república en la actualidad: “Quiero ser clara. Esa no es una propuesta, eso existe hoy en día. Lo que se ha estado proponiendo es la presentación a los jueces de las peticiones de libertad, a través de brigadas de estudiantes de derecho que estudien la situación del reclusos y pasen la petición”. Correa recordó que muchas de esas peticiones son negadas y que la decisión depende de cada juez, de su determinación sobre la gravedad del delito y sobre la peligrosidad de la persona.
“El gobierno no está haciendo la propuesta de liberar delincuentes (…) Yo soy la primera consciente de que quien comete un delito debe pagar una pena”, aseguró.
Por otra parte, la Ministra dijo que muchos habitantes de la calle han optado por la cárcel como medio de subsistencia y que esa población también genera hacinamiento. Por eso propuso la creación de un centro de inclusión social para que estas personas, en el caso de que no hayan cometido delitos, se refugien allí.
Sobre las críticas que se han generado frente a la gestión del director del Inpec, el general Rodolfo Ricaurte, la Ministra dijo que él estaba haciendo un esfuerzo serio por mejorar la situación en las cárceles, atajar la corrupción en las mismas y estudiar las medidas necesarias para inhibir las señales de comunicación en esos centros sin afectar a las personas que viven alrededor de los mismos.
Finalmente, recordó que la semana entrante se reunirá con las juntas directivas de los cuatro sindicatos de los trabajadores de las cárceles para discutir una agenda de condiciones que ya fue planteada por la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
Según la alta funcionaria, se están analizando varias soluciones inmediatas para solucionar el problema de sobrepoblación de reclusos. Una de ellas es el traslado de internos a cárceles que tengan más cupos para rebajar la descongestión. Además, recordó que desde el 2005 se han venido construyendo unos centros penitenciarios llamados ‘erones’, que han sido entregados paulatinamente.
Sin embargo, la medida que más ha generado polémica de la propuesta de la Ministra es la de promover las peticiones de libertad condicional de los reclusos que ya hayan cumplido las dos terceras partes de la pena.
Según la Ministra, esa manera de adquirir la libertad no es una propuesta de la reforma que se presentará al régimen penitenciario, sino que ya es una ley de la república en la actualidad: “Quiero ser clara. Esa no es una propuesta, eso existe hoy en día. Lo que se ha estado proponiendo es la presentación a los jueces de las peticiones de libertad, a través de brigadas de estudiantes de derecho que estudien la situación del reclusos y pasen la petición”. Correa recordó que muchas de esas peticiones son negadas y que la decisión depende de cada juez, de su determinación sobre la gravedad del delito y sobre la peligrosidad de la persona.
“El gobierno no está haciendo la propuesta de liberar delincuentes (…) Yo soy la primera consciente de que quien comete un delito debe pagar una pena”, aseguró.
Por otra parte, la Ministra dijo que muchos habitantes de la calle han optado por la cárcel como medio de subsistencia y que esa población también genera hacinamiento. Por eso propuso la creación de un centro de inclusión social para que estas personas, en el caso de que no hayan cometido delitos, se refugien allí.
Sobre las críticas que se han generado frente a la gestión del director del Inpec, el general Rodolfo Ricaurte, la Ministra dijo que él estaba haciendo un esfuerzo serio por mejorar la situación en las cárceles, atajar la corrupción en las mismas y estudiar las medidas necesarias para inhibir las señales de comunicación en esos centros sin afectar a las personas que viven alrededor de los mismos.
Finalmente, recordó que la semana entrante se reunirá con las juntas directivas de los cuatro sindicatos de los trabajadores de las cárceles para discutir una agenda de condiciones que ya fue planteada por la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
