Demanda millonaria contra el estado por incumplimiento de Mintransporte sigue en firme

Sobre la información que reveló W Radio acerca de la demanda de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) contra la Nación, este medio también pudo confirmar que los diseños que en un inicio presentó la Aeronáutica Civil para que se realizara la construcción de esas infraestructuras y por los que empieza el colosal problema, tuvieron un costo de 1.447 millones de pesos.

Estos diseños, al momento de empezar la obra, tuvieron que ser rediseñados por la compañía española para cumplir con el contrato, argumentando que estos eran de baja calidad y no cumplían con los estándares requeridos para realizar dicha construcción.

Cabe recordar que la empresa FCC, que participó en la construcción de la Torre de Control y del Centro de Gestión Aeronáutico del Aeropuerto El Dorado, demandará al estado colombiano por 120 mil millones de pesos en mayo de este año. Esta acción legal procede por el incumplimiento en pagos que quedan pendientes de la construcción de esta importante obra del país.

Por otro lado, FCC también expresó en sus reclamaciones que los terrenos que fueron entregados para la construcción de la Torre y del Centro de Gestión no estuvieron listos para empezar trabajos. Esto se debe a que estaban ocupados por otras entidades del Estado, por lo cual los trabajos empezaron 10 meses después de lo programado y la empresa tuvo que encargarse de reubicar las entidades situadas en la zona de construcción.

Frente a una posible solución para que no se realice esa demanda, W Radio pudo confirmar que el contratista y sus asesores se reunieron en el despacho del Ministerio de Transporte el 28 de septiembre de 2017 con el ministro de esa cartera, Germán Cardona; el viceministro de Infraestructura, César Augusto Peñaloza; Daniel Tenjo, director de Infraestructura Aeroportuaria de la Aerocivil y el coronel Edgar Sánchez, subdirector de la Aeronáutica civil (quien para ese momento era el director encargado de la entidad).

Estas personas se habrían comprometido con el contratista a instalar unas mesas de trabajo para buscar una solución concertada al problema, lo cual nunca ocurrió y es lo que tiene ahora en firme la decisión de demandar al estado colombiano por parte de la empresa española.