Contraloría califica de ineficiente y desfavorable la gestión de la Judicatura

La Contraloría General de la República, reveló el resultado final de la auditoría adelantada al Consejo Superior de la Judicatura en donde calificó la gestión y los resultados de la entidad como desfavorable con la consecuente calificación de 27,17 por ciento.

Según el ente de control, la judicatura presentó una “deficiente e inoportuna prestación del servicio público de justicia, por congestión en los despachos judiciales que genera falta de solución pronta y definitiva de los procesos en conocimiento en las diferentes jurisdicciones”.

Según el informe de auditoría, se observa incumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Descongestión

Así mismo “no se han cumplido los ciclos de prioridades para descongestión de conformidad con las alarmas derivadas de los estudios estadísticos” (…) “situación que permite advertir que el plan no ha producido resultados por ineficacia de lo implementado en unos casos y por falta de implementación en otros”.

Según el documento de la Contraloría, los proyectos de infraestructura adelantados por el Consejo Superior de la Judicatura, “presentan retardos en la ejecución de los contratos de obra, adicionalmente, las demoras en los contratos no se encuentran debidamente justificadas y en la mayoría de los casos se soportan en obras que no resultan necesarias ni encaminadas al mejoramiento en la prestación del servicio”.

Dice además el ente de control que la Judicatura “presenta debilidades en el cumplimiento del Estatuto de Contratación, el cual impacta su gestión ocasionando posibles sobre costos, obras inconclusas por fallas en los estudios técnicos, suspensiones de contratos por falta de licencias de construcción, calidad en los materiales y modificación de los ítems de obra, con deficiente justificación”.

La Contraloría General calificó además como “ineficiente” el Sistema de Control Interno de la Judicatura, toda vez que “existen deficiencias en los Procesos y procedimientos establecidos para la gestión de contratación y la planeación, igualmente en la ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura física; ejecución del programa de descongestión Judicial y adquisición y administración de infraestructura tecnológica”.

Así mismo la auditoría estableció un total de 116 hallazgos administrativos, de los cuales al nivel central corresponde 67 hallazgos administrativos, 7 tienen presunta connotación fiscal, 15 con presunta connotación disciplinaria y una con presunta connotación penal.