Comisión de Acusaciones debe investigar al presidente por faltar a sus deberes: procurador
Alejandro Ordóñez hizo esta afirmación en un debate de control político, después de que el mandatario no respondiera las preguntas del Ministerio Público sobre el proceso de paz.

Alejandro Ordóñez. procurador general. Foto: Colprensa(Thot)

En el marco de un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre el estado del proceso de paz de La Habana, el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez aseguró que el presidente Santos ha omitido “de manera desvergonzada, obstinada y reiterada” sus deberes constitucionales de responder a las preguntas del Ministerio Público en relación con el proceso de paz de La Habana “más allá de si el Procurador es complaciente con él o no”.
Ordóñez Maldonado aseguró que por la reticencia del Jefe de Estado para responder a las preguntas de la Procuraduría, “la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ya tendría que haber abierto de oficio una investigación (…) por incumplir sus deberes constitucionales”. La cabeza del Ministerio Público lamentó que para que el Gobierno Nacional respondiera sus preguntas se haya tenido que convocar a un debate de control político en el Congreso de la República y reiteró sus preocupaciones sobre los acuerdos de paz en materia de impunidad, reparación, narcotráfico y desmovilización de las milicias.
Por su parte el Alto Comisionado de Paz y negociador del gobierno en La Habana, Sergio Jaramillo, defendió el proceso de paz que se lleva a cabo con las Farc y aseguró que ningún colombiano se hubiera imaginado que temas como el desarme efectivo de las Farc en 6 meses fuera una realidad. Jaramillo añadió que “nunca antes en un proceso de paz se había acordado la creación de un tribunal que investigará y juzgará los delitos de lesa humanidad y crímenes atroces”.
El Alto Comisionado hizo hincapié en las garantías que representa que figuras como el Papa Francisco o el Secretario General de Naciones Unidas sean los encargados de la escogencia de los magistrados que integrarán el Tribunal de Paz que juzgará los delitos cometidos por las Farc y los agentes del Estado.






