Capturan en Ibagué a una abogada señalada de protagonizar varias estafas
Desde el 2017 la mujer estaba suspendida del ejercicio profesional del derecho.
Clara Isabel Ortiz, abogada capturada en Ibagué / Fiscalía General de la Nación-Cortesía
La Fiscalía General de la Nación le imputó a Clara Isabel Ortiz Caicedo los delitos de estafa y falsedad material en documento público, ambos agravados y por ese motivo un juez ordenó su reclusión en centro carcelario.
La mujer fue capturada en el barrio Villa Marlén de Ibagué luego que un despacho judicial emitiera una orden de captura que fue materializada por agentes del CTI de la Fiscalía y la Policía por su presunta participación en 31 falsedades y ocho estafas de lo cual fueron víctimas un total de 12 personas.
Según las investigaciones preliminares, la procesada quien se encuentra suspendida para ejercer el derecho desde el año 2017, engañaba, al parecer, a sus víctimas bajo la modalidad de ofrecimiento de servicios para trámites judiciales, pidiéndoles dinero a cambio de procesos que nunca adelantaba y para soportarlos presentaba documentos falsos.
La abogada argumentó tener influencias y amigos en juzgados y así lograría darle celeridad a los procesos para que salieran pronto y a su favor.
Mediante labores de investigación se logró relacionar 11 noticias criminales que involucraban a la misma mujer quien en todas las denuncias ejercería la misma conducta delictiva bajo similar conducta.
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El punto de partida para descubrir las acciones ilegales de esta mujer inició en el año 2020 cuando se comprometió con la víctima a llevar un proceso de conciliación ante Cámara de Comercio y de simulación ante la jurisdicción civil
Para mantenerla en error durante ese tiempo y solicitar más dinero, simularía llamadas de presuntos funcionarios del Juzgado que le indicaban que el precio de las pólizas habían subido por orden del juez, al igual que los honorarios del supuesto secuestre. La estafa en este caso fue por la suma de $18.764.000.
En este evento la abogada falsificaría el acta de conciliación de no acuerdo ante cámara de Comercio y otros documentos para justificar su presunta gestión como litigante.
En otro hecho, la mujer se apropió de una suma de $27 millones de pesos que eran parte de un proceso de conciliación por la compra de una vivienda. El dinero no llegó a manos del vendedor pero la mujer se valió de un juez de paz para falsificar un documento que supuestamente acreditaba la entrega del dinero.
