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Exalcalde de San Cristóbal – Bolívar fue imputado por presunta corrupción

Germán Zapata es investigado por presuntas irregularidades en cuanto a la ejecución de dos contratos suscritos en un colegio

Germán Zapata es investigado por presuntas irregularidades en cuanto a la ejecución de dos contratos suscritos en un colegio

Germán Zapata es investigado por presuntas irregularidades en cuanto a la ejecución de dos contratos suscritos en un colegio(Caracol Radio Cartagena)

Cartagena de Indias

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena imputó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público a Germán Zapata López, exalcalde del municipio de San Cristóbal (Bolívar).

Los mismos delitos fueron imputados al exsecretario de Planeación de ese municipio, Óscar Luis Rodríguez Cueto y al contratista Lácides Donado Batista.

Esta determinación se dio en desarrollo de la investigación iniciada tras una denuncia instaurada por el actual alcalde de San Cristóbal, Carlos Manuel Julio Morales quien se refirió a presuntas irregularidades en cuanto a la ejecución de dos contratos suscritos en el año 2020 en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander.

La primera de las posibles anomalías está relacionada con el cerramiento de 80 metros lineales del referido plantel educativo. Para esto la alcaldía habría pagado más de 157 millones de pesos, aunque sólo se habrían utilizado 49 millones en su desarrollo. El informe técnico puso en evidencia que el avance de la construcción, al parecer, sólo se cumplió en un 31 por ciento.

La segunda irregularidad se habría presentado en la reconstrucción de dos baterías del sistema de almacenamiento de agua potable. Al respecto, se constató que la administración municipal habría cancelado más de 105 millones de pesos; de los cuales sólo se invirtieron poco más de 49 millones y que el adelanto del proyecto habría llegado sólo al 47%.

Labores de policía judicial evidenciaron que los valores realmente ejecutados en ambos contratos no coincidirían con los registrados en las actas de avances de las obras firmadas por el supervisor.

El detrimento patrimonial calculado por estos hechos superaría los 164 millones de pesos

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