En Caldas adoptan medidas para prevenir el reclutamiento forzado de menores
Buscan poder brindarles protección integral, apoyo y reconocimiento del derecho a la verdad, justicia y reparación.
Comité de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes / Gobernación de Caldas
Caldas
Con el propósito de socializar y aprobar el Plan de Acción Departamental, el Comité para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes, trabaja en la adopción de medidas con el fin de prevenir y neutralizar cualquier forma de reclutamiento forzado, además, brindar protección, apoyo y reconocimiento del derecho a la verdad, justicia y reparación, en caso de registrarse un caso que afecte su integridad.
“Nosotros en este momento, lo que hemos logrado acá, es que todas las entidades que hacen parte de la mesa departamental, hayan presentado su oferta institucional y así poderla llegar a los municipios del departamento y poder impactar a la población, sobre todo en cuanto a la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes del departamento”, indicó Luis Fernando Grajales, asesor de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en Asuntos Territoriales.
Frente a la implementación de estas medidas, desde la Secretaría de Gobierno de caldas, han buscado fomentar una articulación interinstitucional que permita el desarrollo de estrategias con enfoque, principalmente, en términos de prevención.
“Si bien en el departamento no tenemos presencia y acciones o conductas delictivas con relación a este tema, si nos compete articular todas las estrategias para la prevención de este tipo de delitos… nuestro propósito también es, llevar asistencia técnica, en este caso al municipio de La Dorada, y también a Marquetalia, para que de alguna manera estas administraciones conozcan la oferta institucional y se vinculen a las estrategias”, explicó Jhon Jairo Castaño Flórez, secretario de Gobierno de Caldas.
Esta mesa departamental está conformada por representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las secretarías de Integración y Desarrollo Social, Gobierno y Deportes, el Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
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