Economía

Energía eléctrica

Detectaron hurto de energía en dos establecimientos de Bolívar

Afinia puso en marcha una estrategia contra la defraudación de fluidos

Energía eléctrica

Energía eléctrica(Afinia)

Cartagena de Indias

El hurto de energía es una de las practicas que más afecta a las empresas que prestan el servicio de energía en la región Caribe. Afinia, filial del Grupo EPM, registra pérdidas del orden de los 140 millones de kWh/mes, que representan cerca de $79.000 millones, por ello, la empresa tiene en marcha una campaña para detectar a aquellos usuarios que manipulan redes y equipos para evadir el pago de sus consumos de energía.

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En el marco de este plan para detectar conexiones fraudulentas, el equipo de Afinia identificó recientemente a dos establecimientos comerciales en Bolívar que tomaban la energía de manera irregular y por lo tanto, no pagaban lo que realmente estaban consumiendo.

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El primer caso se presentó en el municipio de Arroyohondo, donde un establecimiento comercial dedicado a la venta de licor y comida tenía un transformador ilegal instalado, que no estaba registrado ante la empresa y cuyos consumos no eran medidos ni facturados, ocasionando pérdidas mensuales por más de siete millones de pesos a la compañía.

El otro caso se registró en el municipio de Turbaco donde un negocio de tragamonedas, unido a un apartamento en su segundo piso, disponía de un equipo de medida que venía siendo manipulado, dejando de facturar la suma de 520.000 pesos mensuales aproximadamente.

Frente a esta problemática, el gerente de Afinia en Bolívar Norte, Eder Buelvas Cuello, manifestó que la empresa seguirá desplegando una operativa de control y reducción de pérdidas para realizar revisiones a los equipos de medida, mientras que en paralelo, se realizan socializaciones con la comunidad, motivando la honestidad, promoviendo el uso legal y responsable de la energía.

El hurto de energía está tipificado en el Código Penal como el delito de “Defraudación de fluidos”, donde se establecen multas que oscilan entre 1,33 y 150 salarios mínimos legales vigentes y reclusión en establecimiento carcelario entre 16 y 72 meses.

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