Defensoría reclama atención a desplazados de la zona rural de Cúcuta
Más de 350 personas afectadas por los violentos

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. / Cortesía

Cúcuta
La Defensoría del Pueblo denunció el desplazamiento de unas 300 personas en el corregimiento de Banco de Arena en Cúcuta por amenazas de grupos armados ilegales en la zona.
“Tan pronto conocimos de posibles desplazamientos masivos en la zona rural de Cúcuta, nuestra regional estableció contacto con las autoridades locales en reunión llevada a cabo de manera extraordinaria, en la que instamos la activación inmediata de atención a estas personas que salieron de sus viviendas y de las cuales algunas se encuentran en la escuela del casco urbano del corregimiento”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Funcionarios de la Regional Norte de Santander ya se encuentran en terreno, atendiendo las peticiones de la comunidad para iniciar la ruta de protección, lograr el traslado y garantizar el respectivo albergue. También han recibido las declaraciones a las víctimas y adelantan reuniones con líderes de la comunidad, quienes han expresado su preocupación y solicitan medidas para la garantía de los derechos de la comunidad.
A través de la Alerta Temprana 035-2020, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la presencia de grupos armados como el ELN en el área metropolitana de Cúcuta y la vulneración de derechos humanos en el corregimiento de Banco de Arena, por el accionar de este grupo.
Los líderes sociales advierten que en la zona continúan las amenazas, algunas de las cuales han concluido en asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos.
Carlos Camargo aseguró que “desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las autoridades regionales y locales para establecer medidas de protección a la comunidad y activar todos los protocolos que permitan el traslado a Cúcuta y un lugar de albergue temporal ante el desplazamiento masivo que se genera en la zona rural”.
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“Desde la entidad seguiremos participando en el Puesto de Mando Unificado con el fin de verificar que se establezcan las medidas necesarias para la protección de la comunidad y haciendo seguimiento a la difícil situación de derechos humanos que se vive en la zona.”, concluyó el Defensor del Pueblo.




