Formulan cargos a representante legal de Surcolombiana por PAE
Luisa Fernanda Flórez Rincón según la Procuraduría habría cometido actos de corrupción por más de $23 mil millones.
Formulan cargos a representante legal de Surcolombiana por PAE / Foto: Procuraduría
Bucaramanga
La Procuraduría formuló pliego de cargo contra Luisa Fernanda Flórez Rincón, representante legal de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, al parecer por cometer actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander vigencia 2016, por más de $23.800 millones de pesos.
Según el ente investigador, Flórez Rincón habría participado en falsedad material en documento público y privado, "las cuales al parecer cometió la investigada cuando ejecutó el Contrato 601 del 21 de abril de 2016, suscrito con la Gobernación de Santander para la entrega del complemento alimentario a 100.000 estudiantes beneficiarios con el PAE, lo que habría permitido que el propietario de la cooperativa, Germán Trujillo Manrique, se apropiara ilegalmente de $2.159.794.618 provenientes de recursos del Estado para operar el programa".
"La Procuraduría reprochó la conducta de Flórez Rincón, quien habría utilizado comprobantes de egreso y supuestas facturas y/o transferencias con proveedores ficticios, para justificar la presunta compra de frutas, huevos, tamales, panes, tortas, cárnicos, y otros productos" se lee en el documento.
Además de esta formulación de cargos, también estuvieron la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona García (2016-2017), y al representante legal del Consorcio Interventoría Alimentarte 2016, Fernando León Medina Monsalve.
A la exsecretaria de Educación de Santander la señalan que haber cometido posible vulneración de los principios de economía, responsabilidad, transparencia, y el deber de selección objetiva de la contratación estatal, por el presunto direccionamiento del Contrato 601, a favor de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda.
El ente de control también endilgó cargos al representante legal del Consorcio Interventoría Alimentarte 2016, Fernando León Medina Monsalve, por presunta omisión en su deber de informar los hechos que podían constituir actos de corrupción, o que ponían en riesgo la ejecución del contrato, y que al parecer permitieron que terceros se apropiaran de dineros públicos destinados a la alimentación escolar.
