Se están vulnerando derechos de los internos de la cárcel de Ibagué
Más de 5.000 reclusos en el lugar.
Se están vulnerando derechos de los internos de la cárcel de Ibagué / caracol radio Ibagué
Tras la decisión del director del Coiba de Picaleña en Ibagué, Robely Alberto Trujillo Ávila, de no recibir notificaciones de los despachos judiciales vía correo electrónico, se han generado diversas reacciones porte de los trabajadores de la rama judicial, así como acciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, la cual interpuso una tutela para velar por los derechos de la población privada de la libertad. Además, abrió una investigación disciplinaria contra el director.
El presidente del colegio de abogados de Defensores Públicos del Tolima, Jorge Enrique Lozano Guarín, manifestó a Caracol Radio, “que las negaciones del director de la cárcel no son acordes a las disposiciones del Gobierno Nacional, de facilitar los trámites para toda la población en el marco de la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19, donde tampoco se puede colocar en riesgo la vida de los servidores públicos, para que tengan que ir hacer las notificaciones de manera presencial, pero tampoco se puede privar a los internos de tener conocimiento de sus procesos, lo que podría originar en algunos casos vencimiento de términos”.
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Procuraduría abre investigación contra director de la cárcel de Ibagué
Para el abogado Luis Eduardo Esquivel “era urgente la intervención de la Procuraduría para que se verifique cuáles son las condiciones en el centro carcelario que hoy está originando una vulneración de derechos a los internos, al no ser notificados de las decisiones de sus procesos y si realmente no se han dado las facilidades en el Coiba para recibir notificaciones vía electrónica”.
Finalmente, para el abogado Alberto Torres “la pandemia del COVID-19 ha demostrado que el país, entre esos el sistema judicial no estaba preparado para asumir un sistema virtual, más en el Coiba de Picaleña, donde la conectividad es precaria, lo que coloca grandes barreras en la comunicación con la administración de justicia”.