Detectan incremento irregular del costo de raciones del PAE en Santa Marta

Santa Marta

Un posible detrimento patrimonial por $460.899.738 ha encontrado la Contraloría General de la República en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), correspondiente a la vigencia 2018, en la ciudad de Santa Marta luego de adelantar un control excepcional a varios contratos por solicitud del Congreso de la República.

En la auditoría, la Contraloría detectó un incremento irregular del costo de las raciones alimentarias escolares porque se les agregó un presupuesto destinado a gastos de publicidad, el cual no sería permitido por las normas en Colombia y conllevaría a una posible falta disciplinaria.

De acuerdo con el informe del órgano de control, el cual también fue enviado al alcalde Rafael Martínez, en el contrato del PAE del año 2018 “se evidencia que para establecer el valor de cada uno de los complementos alimentarios se incluyó un ítem o componente que se describe como “publicidad visibilidad y socialización”, estimado en $107 para complemento almuerzo y $101 para complemento am, apartándose de lo reglado (…) respecto de la destinación de los recursos del programa de alimentación escolar”.

El equipo auditor de la Contraloría también expone en el informe que tras encontrar ese encarecimiento de las raciones procedió a revisar en qué se gastaron esos recursos de publicidad mediante un oficio, que recibió con fecha del 10 de septiembre de 2019 por parte del operador contratista Consorcio Proyecto Vital, y que evidencia “que las facturas que soportan los gastos (…) contienen conceptos que no se relacionan con el ítem cuestionado (…) porque se refieren a pagos de botellones de agua, escobas, traperos, cucharas, bolsas, uniformes para manipuladoras, vasos desechables, tapabocas, desinfectantes, agua para oficina administrativa, servicios de internet, utensilios de cocina, recargas de extintores, servicio de gas, compra de pipetas de gas, pago de almuerzos para personal administrativo, compra de abarrotes, mantenimiento a estufas, facturas de servicio a Electricaribe”.

“Con lo anterior se corrobora que el valor establecido en el ítem publicidad, visibilidad y socialización, que incrementó el valor de las raciones alimentarias (…) aparte de no estar contemplado en la normatividad legal y reglamentaria vigente para el PAE, se utilizaron para gastos contemplados en otros ítems del contrato, como administración, manipuladoras y materia prima”, agrega el informe.

Así las cosas, la Contraloría indica que el posible detrimento patrimonial por ese gasto irregular de publicidad hallado en la contratación 005 de 2018, que adelantó la Alcaldía de Santa Marta con el Consorcio Proyecto Vital, es de más de 460.000.000 en un proceso que costó en su totalidad más de 10.000 millones de pesos para el suministro alimentos a los estudiantes de colegios públicos.

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Es preciso indicar que el contrato del PAE 2018 fue liquidado bilateralmente el 7 de abril de 2019 y sólo tuvo una ejecución del 90% porque no todas las raciones alimentarias fueron entregadas debido a que el servicio empezó a prestarse varias semanas después del inicio del calendario escolar, por lo tanto, sólo se suministraron y pagaron 2.497.995 de almuerzos y 1.916.973 de raciones del complemento alimentario am.

¿QUIÉN MANEJA EL PAE EN SANTA MARTA?

Finalmente, la Contraloría también da a conocer que verificó la información del contratista al que se le adjudicó el PAE y encontró que el representante legal es Luis Gabriel Arregoces Solano, quien ha participado en tres uniones temporales que desde el año 2016 ha manejado ese contrato en la ciudad de Santa Marta.

“Luis Gabriel Arregoces Solano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 85.476.912, representante legal de la Fundación para el Desarrollo Social Integral Sostenible Energía Vital, participa en 3 UT, así: Consorcio de la Unión Temporal Proyecto Vital, Unión Temporal Alimentando al Futuro de la Ciudad y Unión Temporal Escoalimentar 2019. Las anteriores UTs contrataron con el Distrito de Santa Marta el suministro del Plan de Alimentación Escolar en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, por $35.859.237.134”, expresa el informe.

Este contratista, según la Contraloría, también ha sido favorecido con contratos en el Instituto de Bienestar Familiar en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, por $8.700.876.185.