Los “millonarios” colegios de San Andrés Islas

La imputación de cargos contra el gobernador de San Andrés, Ronald Housni y su antecesora, Aury Guerrero, reveló el detalle de los contratos que los tienen en la cárcel.

La ex gobernadora Aury Guerrero, según la Fiscalía, firmó 10 contratos que sumaron más de $83.000 millones a un solo grupo de contratistas que también fueron investigados por obras de valorización en la ciudad de Armenia.

Según la Fiscalía, en 2011 a la ex mandataria le entregaron $400 millones para financiar su campaña y a cambio tenía que garantizarle a los contratistas millonarias obras de infraestructura, de quedar electa.

La generosa donación a la ex gobernadora salió de manos del procesado contratista Hernán Moreno Pérez. Como ganó las elecciones y de acuerdo con el fiscal del caso, la entonces gobernadora “cumplió la promesa a sus financiadores”.

La ex mandataria firmó cinco contratos para construir, adecuar o adelantar el mantenimiento de colegios en la isla. En un solo colegio, el Cemed Antonia Santos, se destinaron más de $50.000 millones y según la Fiscalía, sigue en obra negra.

El suspendido gobernador Ronald Housni firmó nueve contratos y la mayoría resultaron ser adiciones a los millonarios acuerdos que dejó en “ejecución” su antecesora.

Los contratos de Housni sumaron más $40.000 millones y uno, el más costoso, fue un convenio interadministrativo que se firmó con la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia – EDUA a través de licitaciones “amañadas” y publicadas en plataformas no oficiales para evitar más proponentes.

La Fiscalía reveló que los contratistas le entregaron $1.200 millones a la campaña del gobernador con el mismo compromiso de su antecesora, apenas quedara electo debía retribuir el favor con más contratos.

Los investigadores establecieron que para quedarse con los “jugosos” proyectos de infraestructura de la isla, los contratistas acordaron previamente con los funcionarios modificar pliegos de condiciones y la publicación de las licitaciones.

Conformaron uniones temporales y constituyeron firmas que solo aparecían en el papel y cuya finalidad era ser descartadas de las licitaciones. Los representantes de esas “compañías” son los mismos que luego aparecen entre los contratistas ganadores.

Para dar garantía de legalidad y hacerle concejo a algunas condiciones, le pagaron $160 millones a un raizal que prestó su nombre a los contratos y de esta forma evitar inhabilidades contempladas en la ley.

De acuerdo con las declaraciones que tiene la Fiscalía, el ex alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, en juicio por hechos de corrupción en su ciudad, participó y promovió reuniones entre contratistas y funcionarios de la Gobernación de San Andrés.

Según el fiscal de caso fue el entonces alcalde quien sirvió como intermediario entre funcionarios de la EDUA de Armenia y el secretario general de la Gobernación, para concretar los detalles de la firma del convenio interadministrativo y los ajustes para dejarlos en manos de los contratistas.

El ex alcalde incluso se reunió, según los testigos, con el gobernador en la isla de San Andrés para discutir las denuncias que varios medios de comunicación hicieron por cuenta de los contratos.

La captura de los funcionarios de la gobernación de San Andrés, incluso de los gobernadores, ocurrió en el marco de un proceso de colaboración que iniciaron varios de los implicados en casos de corrupción en Armenia y la Isla, todo como antesala a un principio de oportunidad.

Hernán Moreno Pérez decidió entregar los detalles de los contratos que de forma irregular se firmaron con los gobernadores de San Andrés. Contó y sumó pruebas a sus declaraciones que dejan a los mandatarios como responsables de una millonaria defraudación al Estado.

En las declaraciones que tienen en su poder la Fiscalía también aparece la que rindió César Augusto James, secretario general de la gobernación y en la reveló como se garantizó la adjudicación de los contratos, todo por orden de los mandatarios de turno.

Las millonarias ganancias de la corrupción en San Andrés se repartieron según los investigadores en tulas cargadas de dinero que entregaron a los funcionarios en los edificios públicos, en sus casas y hasta en vehículos oficiales.

Los gobernadores, de acuerdo con el fiscal del caso, recibieron el 10% del valor de cada contrato, que sumados superan los $120.000 millones.