Tras 7 años de investigaciones inició el juicio por tragedia de Cervantes
La Fiscalía busca demostrar que por negligencia de la empresa del acueducto ocurrió la tragedia del barrio Cervantes dónde murieron 48 personas.
Foto/archivo/Caracol Radio
Caldas
Después de siete años de investigaciones arrancó el juicio oral en el caso de la tragedia del barrio Cervantes que ocurrió en la madrugada del 5 de noviembre de 2011 y en la que perdieron la vida 48 personas y otras 10 sufrieron lesiones irreversibles.
Ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, la Fiscalía General de la Nación busca demostrar que por negligencia de la empresa del acueducto Aguas de Manizales fue que se originó dicho suceso y pretende una condena para los exfuncionarios de dicha firma Álvaro Andrés Franco que era el gerente, Sebastián Henao subgerente técnico y Diana Lorena Zuluaga subgerente de servicio al cliente.
En el inicio de esta etapa procesal la Fiscalía y la defensa acordaron algunas estipulaciones, es decir no presentar pruebas que no ameritan discusión alguna como los datos de las 48 personas muertas y los de los fallecidos.
La Fiscalía ya presentó a su primer testigo, un subintendente de la Policía Nacional que se encargó de mostrarle al juez unas 50 fotografías que evidencian como encontraron las autoridades esa zona después de ocurrida la tragedia y en la que también se ven algunos tubos conductores de agua que están reventados y que quedaron esparcidos entre los escombros.
El juicio oral continuará durante este resto de año. Los sujetos procesales calculan que a mediados de diciembre ya se haya finalizado y que de una vez el juez pueda dar un sentido del fallo ya sea absolutorio o condenatorio.
Sanción de la Superintendencia
El abogado José Hernando Jiménez Mejía, uno de los representantes de las víctimas de esta tragedia recordó que la Superintendencia de Servicios Públicos emitió una sanción a Aguas de Manizales por esta tragedia y argumento que la empresa del acueducto no disponía de un centro de llamadas que le permitiera reaccionar de forma inmediata y oportuna a las llamadas de la comunidad.
Por esta sanción hay una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y está en trámite una sentencia de segunda instancia de esa misma corte, que confirme dicha sanción o que pueda revocarla.
