El actual presidente de esa corporación, Héctor Mauricio Sánchez, fue suspendido con voz y voto en diciembre de 2017 por un periodo de tres meses, por cuenta de su partido Alianza Verde.El partido Verde abrió una investigación disciplinaria contra el concejal Héctor Mauricio Sánchez Abril porque aparentemente violó la ley de bancadas y solicitó a través de una medida cautelar a la corporación, su suspensión provisional e inmediata del cargo.Tras un pleito jurídico, Sánchez fue reintegrado al concejo de la ciudad, y en los últimos días decidió demandar al concejo municipal y las mesas directivas anterior y actual, argumentando a través de una demanda administrativa los daños y perjuicios causados al dejar de percibir dineros con esa suspensión. La indemnización al concejal podría ascender a los 200 millones de pesos, situación que causó malestar dentro de la corporación.“En ningún momento hubo daños porque él se margino de sus obligaciones después de que se enteró de la suspensión en cuestión, tales como estar presente en el concejo, y lo que hizo fue abandonar su cargo. Nosotros lo que estamos haciendo es solicitándole a la procuraduría que lo investigue por abandono de cargo”, explicó en Caracol Radio el concejal Alejandro Camargo.Agregó que “de llegar a salir favorable la demanda para el concejal Sánchez, entendemos que él obtendría recursos indebidos porque estos dineros se recibirían de una forma injusta, ya que lo que hicimos fue emitir una resolución acatando una sanción directa de su partido. Lo que él no entendió con esa sanción era que aun sin voz ni voto, él tuvo que haber seguido asistiendo al concejo, y segur actuado en la corporación pese a sus limitaciones”.La corporación fue notificada para un proceso de conciliación entre las dos partes, la cual se llevará a cabo el 19 de julio con intermediación de la alcaldía de Tunja.De tener que soportar la indemnización al presidente del concejo, la administración municipal sería la responsable de girar esos recursos, plata de la ciudad, y posteriormente se daría una acción de repetición contra los concejales que profirieron la resolución de suspensión suscitada por el Partido Alianza Verde, es decir contra los cabildantes que integraron las mesas directivas anterior y actual del cabildo municipal.