Alcalde y Gobernador desatienden a víctimas de desaparición: Procurador
En audiencia pública el jefe del organismo de control reconoció que el Gobierno en general se ha rajado en la protección a esa población.

(Caracol Radio)

En audiencia pública familiares de víctimas de desaparición forzada le dieron a conocer al Procurador General, Fernando Carrillo, la precaria atención que han recibido a lo largo de los años por parte del Estado y la ausencia de respuestas sobre el paradero de sus familiares.
“Es absurdo que hay un montón de gente trabajado en la Unidad de Víctimas pero no nos respondan con nada, que hay tanto dinero y las víctimas sin indemnización. ¿Se ha pensado en una estrategia para que los desmovilizados de paramilitares entreguen información sobre sitios clandestinos de enterramiento?. ¿Quien garantiza la protección de victimarios y víctimas cuando salen a decir que las víctimas queremos carros y escoltas para pasear?”, dijo una de las representantes de víctimas de desaparecidos ante cientos de personas que presenciaban la audiencia.
Durante su intervención el procurador General, Fernando Carrillo, advirtió que el Gobierno, por años, se ha rajado en la atención a las víctimas siendo visible la desatención a estas personas.
El jefe del organismo de control reconoció que por no haber claridad en la ley, las gobernaciones y alcaldías se desentienden con el tema de protección a esa población.
“Hay una gran ausencia del Estado, un déficit imperdonable con las víctimas que en el país hay unas 83 mil víctimas de desaparición, y no hay articulación de las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, se debilita más la acción del estado en la atención a las víctimas; necesitamos modificar la ley para aplicar lo que se vive hoy que es la desatención a las víctimas y gobernación y alcaldes no toman en serio los papeles sobre atención a víctimas”, señaló el Procurador Carrillo.
En jornada intervinieron representantes de 11 organizaciones sociales, así como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Medicinal Legal.




