Funcicar hizo reparos a contratos de aseo en colegios de Cartagena

Cartagena de indias

Las directivas docentes señalaron que por la acumulación de basuras en los baños y en salones de clases "no había condiciones pedagógicas" para desarrollar las clases, por eso al menos 125 mil estudiantes distribuidos en 104 instituciones educativas oficiales no recibieron sus jornadas escolares completas. Además,  cuestionaron los trámites del distrito para contratar al nuevo operador.

Funcicar hizo un seguimiento al proceso de contratación de aseo para verificar las condiciones en las que se realizó. El 11 de abril de 2018 la alcaldía adjudicó mediante licitación pública, el contrato LP-UAC-003-2018 cuyo objeto es la "prestación integral del servicio de aseo para las sedes educativas del distrito y para las áreas administrativas de la Alcaldía de Cartagena de Indias" por un valor de $4.453.710.006, que incluye un total de 704 aseadores: 144 para sedes administrativas y 560 para IEO, y una duración de 4 meses para las IEO y 6 meses para sedes administrativas.

En este proceso, la empresa Mayordomía y Servicios S.A. fue la ganadora.

En esta licitación pública, cuatro empresas presentaron sus propuestas económicas. Sin embargo 52 minutos antes de la audiencia de adjudicación, la alcaldía de Cartagena declaró como "No Hábiles" a los oferentes Centro de Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S y Asear ESP, los cuales de manera inicial habían cumplido con todos los requisitos.

De igual forma el distrito rechazó la propuesta de All Cleaning S.A.S por no aportar todos los ítems de la propuesta económica.

Esta declaratoria de inhabilidad conllevó a que solo el contratista Mayordomia y Servicios S.A. pudiera participar con garantías de elegibilidad en el proceso de licitación, situación cuestionada por los demás oferentes, quienes aludieron falta de garantías para defender con suficiente tiempo sus propuestas.

Funcicar hace un llamado a la alcaldía, para que en aras de lograr procesos de selección incluyentes, hagan público en SECOP de manera oportuna las falencias encontradas en las propuestas, a fin de requerir los documentos necesarios para subsanarlas. Esto, con el proposito de garantizar el mayor número de ofertas hábiles para participar.

"Hacemos un llamado para que se cumpla la ley 1882 de 2018, la cual establece que se deben solicitar los documentos de carácter subsanable para garantizar la mayor participación posible de oferentes. Vemos que en este caso no fue cumplida esta obligación, lo que dio como resultado la exclusión a última hora de tres empresas; situación que afecta la democratización de la contratación", señala el informe de seguimiento al contrato.