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Juez dice que con dineros de Triple A habrían financiado campañas

Campaña presidencial y de un exalcalde de Barranquilla se habrían beneficiado, según el juez de control de garantías Daniel Corrales

Durante la audiencia en la que el exgerente de la empresa Triple A, Ramón Navarro, aceptó los cargos y en la que le otorgaron casa por cárcel, el juez de control de garantías Daniel Corrales, dijo que en la investigación que se adelanta por el manejo de dineros, se busca determinar si el destino de dineros presuntamente fue a las campañas presidenciales.

El juez indicó que “esos dineros no se sabe dónde fueron a parar, cuál fue el destino de ellos. Se habla incluso de la financiación de una campaña presidencial, que fueron a parar dicen a un exmandatario de la ciudad, esos dineros no han sido reintegrados y pudo verse truncado el servicio público domiciliario de la ciudad”.

También dio a conocer los testimonios de miembros del cuerpo de seguridad de la Triple A que indican cómo se sacaba la plata de la empresa.

Agregó que “señala que sacaba cheques a sus nombres y le decía que los fuera a cambiar y una vez lo cambiara se los entregara a su jefe, el señor Ramón Navarro. Hice movimientos de grandes sumas de dinero. Un señor de nombre Juan Reyes me entregó un morral lleno de plata para llevarlo a la Triple A. Dinero que se lo entregue a Ramón Navarro”.

Anotó que los miembros de la seguridad afirmaron que “es cierto que se movían alta sumas de dinero en los vehículos de la empresa Triple A. Yo participé en el transporte de esos dineros y le pregunto bajo las ordenes de quién? Bajo las ordenes de un señor Oscar Ortega, coordinador de seguridad de la empresa Triple A”.

Durante la audiencia se reveló que se fraccionaban contratos como los suscritos en el 2015 para pagar 4.500 millones de pesos para el manejo de los recursos de la empresa Triple A y la firma Inassa

El exgerente de la empresa de servicios públicos aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por administración desleal en concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito de particular, falsedad en documento privado como coautor y falsedad ideológica como determinador.

Durante la audiencia, el fiscal 38 de la dirección especializada contra la corrupción de Bogotá, explicó la forma como los procesados se habrían apropiado de 27 mil millones de pesos de la empresa entre los años 2012 al 2015.

Se hizo referencia también a 54 órdenes de pedidos ficticias y cuatro contratos de consultorías en los que se movía el dinero.

Ramón Navarro durante la audiencia dijo que seguía órdenes desde España.

Durante el procedimiento, se presentó voluntariamente la exgerente financiera, Julia Monsalve, quien también dijo que conoció de varios de los procedimientos. La mujer a quien le imputaron cargos, quedó en libertad.

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