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Profesionales de divisas piden a la Dian combatir la informalidad

El gobierno le puso la lupa al sistema financiero y de transacciones en la frontera.

Venta de bolívares en las calles.(Cortesía/Archivo )

Venta de bolívares en las calles.

Cúcuta

Sin desconocer la norma y los sometimientos a la parte legal, los cambistas en Cúcuta, agrupados en Asocambios, expresaron su inconformismo por la rigurosidad de los controles que adelanta la Dian en medio de la actividad ilegal que se ejerce con este sistema de transacciones en las calles.

El Presidente de Asocambios en Norte de Santander, Juan Fernando Gonzales, señalo que la normativa implementada por el sistema de fiscalización de la Dian no se ajusta al contexto social ni al dinamismo económico de la frontera colombo – venezolana que mantiene una particularidad sobre el proceso cambiario a diferencia del resto del país.

“En los últimos dos años, la normatividad no la han cambiado tres veces, lamentablemente son normativas bastantes rigurosas que vienen desde unas entidades centrales que no toman en cuenta lo que está pasando en Cúcuta…que es lo que está pasando que en Cúcuta hay profesionales autorizado y hay informales, los controles de la Dian en su gran mayoría se están realizando para los formales, está bien que nos controlen, no nos oponemos, pero lo que tenemos que hacer es que los controles sean contra los formales y también contra los informales…” aseguró, el representante gremial.

Agregó que la informalidad en Cúcuta registra un crecimiento considerable en medio de las condiciones de la frontera “no pagan impuesto, no tienen controles, no tienen sanciones, mientras la persecución solo sea contra los formales, va a dificultar mucho más toda la operación”.

Según la oficina de Gestión de Fiscalización de la Dian a los operadores de cambio no les está permitido realizar transacciones de giros o remesas. Entre el 2016 y 2017, se adelantaron 63 acciones de control a establecimientos no autorizados, con apertura de investigación. A la fecha, se han recaudado $365 millones por sanciones de este tipo. Se proyectaron actos sancionatorios por $648 millones y cursan investigaciones por un valor aproximado de $2.000 millones.

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