Contraloría investiga a la Gobernación de Boyacá presunto 'cartel de alumnos fantasmas'

Tunja (Colombia)

A la Contraloría de Boyacá le llamó la atención El presunto ‘cartel de alumnos fantasmas’ que podría estarse dando en Boyacá.

El escándalo, que fue denunciado en agosto de este año por Caracol Radio, se desató por un contrato celebrado para servicios educativos y alfabetización de la tercera edad, con una cuestionada Fundación del departamento de Córdoba: la Fundación SOS, de Lorica (Córdoba), cuyo contratista, Pedro Llanos se encuentra privado de su libertad con casa por cárcel, por una serie de irregularidades detectadas en un contrato parecido con la alcaldía de lorica. Aun así, el gobierno de Carlos Amaya, contrató con esa fundación.

“La Gerencia Departamental de Boyacá, realizó la Auditoría en el II semestre de 2017, a los recursos del Sistema General de Participaciones de la vigencia 2016, en el sector educación, dentro de la cual se incorporó la Denuncia Ciudadana que versaba sobre presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato 1061 de 2016, suscrito entre el Departamento de Boyacá y la Fundación de Servicios y Obras Sociales de Colombia SOS, con sede principal en el Departamento de Córdoba, para la prestación del servicio Educativos para adultos y jóvenes en extra edad (educación por ciclos)”, reza parte del informe de la auditoría del ente de control.

De acuerdo con los procesos administrativos y fiscales que adelanta la contraloría General de La República, llaman la atención hallazgos en ese programa de educación para adultos, y que por una cantidad considerable de alumnos que no existieron, se le pagó a la fundación.

“Finalizada la atención de la denuncia, se determinó que al contratista le fueron reconocidos estudiantes que no cumplían con cada una de las condiciones establecidas contractualmente para ello, además no se surtió el proceso de selección del contratista mediante Licitación Pública, se realizaron pagos con cargo al anticipo que no tienen relación directa con la ejecución del contrato, entre otras situaciones que permiten presumir que no se dio cumplimiento al Plan de Inversión del anticipo ni a lo indicado en la canasta educativa en cuanto al componente de Material Educativo ofrecido por el contratista”, señaló en Caracol Radio, Zulma Rodríguez, gerente de la Contraloría Departamental.

Agregó que también “se evidenciaron inconsistencias en las matrículas realizadas en físico y en el SIMAT, estudiantes matriculados en CLEI diferentes a los registrados en la base de datos de liquidación y doble reconocimiento por un mismo estudiante. Adicionalmente, se validaron los documentos de identidad de algunos de la base de liquidación del contrato, con la suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se observó que algunos estudiantes no son consistentes en cuanto a su nombre y documento de identidad y aun así fueron reconocidos en algún porcentaje al contratista”.

Además el ente de control encontró que de una cuenta púbica, se habrían transado gastos personales por el pago de una tarjeta de crédito, que involucraría más de 500 millones de pesos.

Estas situaciones, se constituyeron en las principales causas de hallazgos de carácter fiscal por cuantía de $ 4.332.028.297, penales y disciplinarios.

Tras estos hallazgos, el gobernador Carlos Amaya y su equipo, tendrán que rendir cuentas sobre este caso.

Irregularidades en contratos educativos son históricas

El ente de control también señaló que en su trabajo de control se encontraron varias irregularidades en materia educativa, que en la administración del exgobernador Juan Carlos Granados, actual contralor de Bogotá.

“Por hechos similares que se presentaron en la ejecución de los contratos 1627 y 1719 del año 2015, que sumados ascendieron a $ 5.553’050.000, relacionados con la “prestación del servicio educativo para adultos y jóvenes en extraedad”, se adelanta proceso de responsabilidad fiscal, en donde fungen como presuntos responsables el Exgobernador de Boyacá, el supervisor del contrato, la Secretaria de Hacienda y las fundaciones contratistas, por cuantía de $420 millones”, explicó la gerente de la contraloría de Boyacá.

Entre las irregularidades encontradas, “se observó que el proceso de contratación del año 2015 para la prestación del servicio de educación para adultos, estaba direccionado hacia los operadores-contratistas, las fechas de inicio de las actividades académicas y reconocimiento por estudiante atendido, fueron modificadas, también, a favor del operador y en contravía de lo estipulado contractualmente, reconociéndole estudiantes que presentaban 30 asistencias como mínimo durante los meses de abril, mayo y junio, las cuales no debían tenerse en cuenta para validarlos y reconocerlos al 100%, por el contrario, debieron reconocerse al 50% o al 80% lo cual económicamente representaría un menor valor a pagar al contratista, entre otras situaciones que permiten inferir que no se dio cumplimiento a todas las obligaciones contractuales”, menciona el documento de la Contraloría Departamental, que con sus hallazgos, busca el resarcimiento al erario público de Boyacá.

Las investigaciones sobre los casos anteriores avanzan, para que se determine puntualmente a sus responsables.