Con la comida no se juega

Cartagena de Indias

Robarles la comida a niños con hambre y de escasos recursos no debería ser considerado un delito, sino un crimen de lesa humanidad. Sin pretender la hipérbole, creo que alguien que está consciente de dejar con el estómago vacío a una población vulnerable y oprimida se encuentra en los mismos niveles de insensibilidad que quienes cometen un exterminio o ejercen la desaparición forzada de personas.

Como criminales de la peor calaña, sobre los cuales caiga una inflexible censura jurídica y social: así es como deberían ser juzgados todos los individuos que han contribuido a perpetuar las siniestras irregularidades del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena. De acuerdo con un informe de la Contraloría General divulgado el pasado 21 de noviembre, el exalcalde Manuel Vicente Duque Vásquez contrató en el 2016 a varios operadores que se encargarían del PAE por un valor de 23.427 millones de pesos. En esta contratación, las pechugas de pollo fueron cotizadas, cada una, a 40 mil pesos, los huevos a 900 pesos, los panes a 400 pesos y se encargaron 2.824 kilos absurdos de canela por un valor, también ridículo, de 39 millones de pesos.

Con estos precios uno se pregunta si las pechugas eran de faisán, los huevos de avestruz y la canela traída de las regiones encantadas del Amazonas colonial. Con el costo de los panes parece que no hay problema, pero resulta que de los 2.600.000 panes encargados, sólo fueron entregados 1.500.000, sin que se supiera cómo ni dónde desapareció el resto. Tampoco hay un argumento razonable que justifique por qué las mismas pechugas de 40 mil pesos costaban 7 mil en meses anteriores.

En el Olga González Arraut, un pequeño colegio público al suroriente de la ciudad, los maestros confiesan que no se ha visto la primera astilla de canela en las comidas, ni siquiera en los días donde el almuerzo llevaba consigo una porción de plátano en tentación. Estamos hablando, entonces, de casi tres toneladas de un producto de costos millonarios que nunca llegaron a los restaurantes escolares. ¿Qué se hicieron? Que nos lo explique Manolo Duque y su secretario de educación de ese entonces, Germán Sierra Anaya (vale la pena recordar que este último funcionario, cuando era rector de la Universidad de Cartagena en el 2013, fue citado a un debate en la Cámara de Representantes por presuntas irregularidades contractuales en donde bombillos de 80 mil pesos eran cotizados en 900 mil).

A todo esto, hay que agregar que en ese aciago y mezquino 2016, más de 32 millones de raciones se habrían dejado de entregar por culpa de la mala gestión y la falta de ejecución presupuestal.

Si hay algo más miserable y ruin que despojar de lo suyo a los pobres, es despojar de lo suyo a los niños pobres. Robarles su alimentación, hurtar el sustento diario con el que van a correr por el patio de la escuela o trazar con lápiz Mongol los ejercicios de geometría. “Con la comida no se juega”, nos han dicho siempre los mayores en algún momento de la vida. Y con razón: porque la comida es sagrada, sobre todo en los recintos laicos de la administración pública.

Todos los funcionarios del distrito, operadores y personas jurídicas involucrados en este desfalco al erario y la humanidad deben ser desterrados de la vida política de Cartagena, más allá de sus condenas en el ámbito penal. Especialmente esas personas que no salen pringadas en los medios y las sentencias judiciales, pero que son los que mueven los hilos del poder y de la corrupción en la ciudad. Ellos: los titiriteros de nuestras catástrofes, los que tienen pasando hambre a los niños de Cartagena sin que el remordimiento los persiga.