Denuncian que alcaldía no protege derecho de habitantes de Punta Arenas y Tierra Bomba

Cartagena de Indias

La intervención de la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación para que investiguen y aclaren las irregularidades denunciadas por la Corporación Ambiental del Canal del Dique, CARDIQUE, en las obras de Protección Costera de las poblaciones de Punta Arenas y Tierra Bomba cuya suspensión ordenó la entidad ambiental y que tienen a sus gentes a merced de las mareas y oleaje, solicitó el abogado de las comunidades negras de esa zona insular cartagenera Wilman Herrera Imitola.

Ello, según el jurista, “a pesar de que estamos en un país social de derecho, y, de que no podemos olvidar que la Constitución Política de la República de Colombia protege mucho la dignidad del ser y salvaguarda la vida del ser”, por lo que sin embargo, “Hoy, las comunidades de Tierra Bomba y Punta Arenas corren peligro porque las mareas y las fuertes olas están llevándose las casas que encuentran alrededor de la playa”.

Negligencia campante

Sobre la iniquidad que se vive, el doctor Herrera Imitola advirtió que “No es posible que hoy nosotros veámos como nuestros paisanos padezcan y mueran por las inclemencias del tiempo y la negligencia de las autoridades públicas, a sabiendas que esta es una obra que está por encima del interés particular y en donde debe primar el interés general para garantizar la permanencia de la gente en su territorio”.

Al demandar una pronta solución de la situación calamitosa que se presenta con la afectación de las casas de muchos vecinos, el abogado de las comunidades dijo que “Por eso, estamos pidiendo un pronunciamiento inmediato de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, porque las comunidades no aguantamos más”.

Planificación ausente

En cuanto a los señalamientos por la incorrecta realización de las obras que obligaron a su suspensión, el doctor Herrera Imitola puntualizo: “Eso es una mala planificación y planeación de las autoridades distritales y por eso aquí debe intervenir la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General porque una obra de esta magnitud, que no tuvo una consulta previa en donde las comunidades debieron participar desde el primer momento a través de una consulta previa que duró dos días y que no puede considerarse como tal”.

Esa improvisación, según el jurista, es la que ha desembocado “en estos errores que ahora se están pagando, y, porque la comunidad no participó en los diseños, comenzaron a improvisar y es por ello que hoy, estamos como estamos, y aquí tiene que haber unos responsables y no es posible que la comunidad sea la que siempre sufra la mengua cuando la responsabilidad es de los servidores públicos”.

Cuestiona estudio

Sobre el punto de la escogencia del estudio y diseño sobre el cual se fundamentó el proyecto, el señor Herrera Imitola dijo tajante: “Yo no comparto que el estudio realizado por la Universidad de Cartagena haya sido el escogido para llevar a cabo las obras de protección costera de Tierra Bomba y Punta Arenas, cuando se desconoció que eran las comunidades negras que las conforman las que tenían que participar en la génesis del proyecto de acuerdo al artículo 44 Ley 70 de 1993”.

Al precisar que los entes de control deben actuar prontamente para establecer las irregularidades y responsabilidades advertidas por CARDIQUE, el doctor Herrera Imitola expresó. “Por eso este llamado es urgente al procurador General de la Nación y al recién posesionado Fiscal General y también al mismo presidente de la República, porque, por encima de los errores de los servidores públicos están las personas y estamos hablando de unas comunidades conformadas por 16 mil personas, por lo que queremos una manifestación inmediata” sobre este delicado tema.

En cuanto a la ausente actitud de las autoridades locales, el doctor Herrera Imitola dijo: “El señor Manolo Duque tiene responsabilidad directa en este asunto porque es el Alcalde de Cartagena de Indias y está obligado a brindar la seguridad y garantizar la vida de todos los cartageneros y, no hablando de seguridad en términos policivos sino que las personas se encuentren viviendo dignamente”.

Sobre ese mismo aspecto de la denuncia, concluyó diciendo. “Hoy el comportamiento omisivo del Alcalde trae a que nosotros nos creamos un comportamiento en el imaginario distinto a sus obligaciones, muy preocupante, ya que mejor lo hizo la autoridad de CARDIQUE que mandó los documentos del caso a la autoridad competente la ANLA y que se ha pronunciado y dado la cara, pero, el silencio del alcalde Manolo Duque preocupa totalmente a los habitantes de la isla de Tierra Bomba por estar incumpliendo sus obligaciones como lo establecen la Constitución y la Ley”.