Gobernador de Sucre anuncia que revisarán pagos por servicios a pacientes con hemofilia
El mandatario advirtió que el “carrusel de la sangre” que se destapó en Córdoba pudo haberse dado en Sucre.
Gobernador de Sucre anuncia que revisarán pagos por servicios a pacientes con hemofilia(Colprensa/Archivo)
El gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, lanzó una alerta en este departamento luego de conocerse el presunto desfalco de más de $50.000 millones que encontró la Contraloría General de la República por falsos recobros de salud, con pacientes hemofílicos inexistentes, exámenes de laboratorio alterados y medicamentos que nunca fueron suministrados.
Es así, como el mandatario de los sucreños ordenó a la Secretaria de Salud departamental Elsa Yépez Rodelo, hacer una revisión exhaustiva para conocer si en Sucre también hubo pagos por servicios prestados a pacientes con hemofilia.
La orden también fue dada a la oficina de Tesorería del departamento, a quien le pidió hacer un barrido total.
“He puesto la alerta, estamos en alerta amarilla, acabo de pasar por tesorería para dar instrucciones para que se crucen cuentas de estos pacientes y se detecte si pagaron cuentas el año pasado” dijo Martínez Romero.
Esta solicitud se hace a juicio del gobernador, porque según él, cuando se hizo el empalme, los funcionarios que estaban al frente de la salud pública no les dieron información del 2015 sobre los pacientes con hemofilia. Anunció también que ya solicitó a la Contraloría Departamental y a la Procuraduría para que acompañen en la depuración de estas cuentas porque su gobierno no va a esconder nada.
El gobernador aclaró que si logran encontrar algún detrimento al patrimonio público por el pago de servicios no prestados a pacientes hemofílicos, será responsabilidad de las administraciones anteriores, porque este año en su mandato no han pagado una sola factura por este concepto.
Edgar Martínez Romero indicó que también ordenó hacer una revisión a las cuentas que se tienen con las clínicas psiquiátricas porque recientemente presentaron un cobro adicional por $1.800 millones, porque presumiblemente estas instituciones no cumplen con los requisitos, y en caso de ser así, solicitará a la Fiscalía General que actué con prontitud.
