Defensoría pide dinamizar infraestructura escolar para el post conflicto en los Montes de María

Cartagena de Indias

Un llamado a las autoridades territoriales y al Gobierno Nacional para dinamizar la asignación de recursos y la puesta en marcha de obras destinadas a la infraestructura escolar para el post conflicto en los Montes de María, formuló la Defensoría del Pueblo, que recorrió varios planteles educativos de esa región, azotada por el conflicto armado durante más de dos décadas.

Una revisión inicial en el marco de las mesas de trabajo acompañadas por el órgano de control y de las que han hecho parte el Incoder, la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial Regional de los Montes de María y otras instituciones locales, priorizó la situación de 17 instituciones y 95 sedes de Carmen de Bolívar, al menos 34 de San Jacinto y otro tanto de María La Baja, donde más del 80 por ciento de los predios donde funcionan los establecimientos académicos no han sido legalizados.

Esta situación, que al ritmo en que se han venido dando los procesos regulatorios significaría 10 años más en los que niños, niñas y adolescentes crecerían sin igualdad de oportunidades frente al derecho a la educación, se suma al abandono de las precarias construcciones que operan como escuelas, pues como lo corroboró la Defensoría durante una misión en el terreno, no existen condiciones adecuadas para los cerca de 5 mil estudiantes matriculados en esa zona del país.

Planteles como Guamanga 1, Santo Domingo de Mesa, Don Cleto, Santa Cruz de Mula, Sierra de Tejada y Berruguita en El Carmen, o la Escuela Primaria Vereda Patio Grande y el Centro Educativo El Paraíso en San Jacinto, son reflejo de esta problemática evidente en aspectos como la ausencia e intermitencia de servicios públicos como el acueducto y la energía, la carencia de comedores y cocinas, la preparación de alimentos en fogón de leña, la precariedad de las baterías sanitarias y la promesa de un transporte escolar que sigue sin aparecer.

La situación llega a tal punto que 28 niños y niñas del corregimiento Arenas en San Jacinto, donde estuvo presente el Ministerio Público para los derechos humanos, deben tomar clase en la sacristía de la iglesia, la cual según los testimonios de los docentes a cargo de la educación de estos menores, está también a punto de derrumbarse.

Pese a varias acciones de tutela interpuestas por la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos de los estudiantes, las circunstancias no han mejorado y preocupa a la Entidad que una región que soportó 56 masacres y que aporta el 4 por ciento del total de las víctimas del conflicto en el país, no cuente en un escenario de post acuerdo con las garantías para que las nuevas generaciones de esta sufrida población puedan prepararse en condiciones de igualdad y oportunidad.