La consulta taurina no solo es imprimir tarjetones: Registraduría

Bogotá

En el limbo está el futuro de la realización de la consulta popular taurina el próximo 25 de octubre, fecha en la que se llevan a cabo las elecciones regionales. Por ahora queda esperar a que el Ministerio de Hacienda diga si es posible o no la financiación del mecanismo de participación ciudadana.

El registrador distrital, Jaime Suárez, explicó que la entidad ya recibió el decreto, por el cual el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, convoca la consulta Taurina para el día 25 de octubre, y aseguró que ya se realizó el trámite ante la Registraduría Nacional para que solicite el presupuesto ante el Ministerio de Hacienda, y así poder realizar la contratación de los elementos que se requieren para la consulta popular.

Así mismo, Suárez explicó que la consulta popular es un proceso electoral diferente a las elecciones regionales del próximo 25 de octubre, y por lo tanto, aseguró que este mecanismo demanda acciones independientes.

“Para nosotros en la Registraduría es preocupante, toda vez que un proceso contractual de este tamaño, no dura menos de 45 días, los contratistas duran entre 10 y 15 días elaborando los elementos que se necesitan, la misma Registraduría debe disponer de un tiempo considerable para la logística”.

Por su parte, la alcaldía de Bogotá le ha pedido la al Ministerio de Hacienda y a la Registraduría seriedad y respeto por la Ley frente a los inconvenientes por tiempo y recursos para adelantar la consulta popular. La secretaria general de la Alcaldía, Martha Lucía Zamora, dijo que falta voluntad política para adelantar el proceso, y manifestó que el distrito podría colaborar con factores de logística para garantizar la realización de la consulta.

“El distrito en las elecciones de Jueces de Paz y reconsideración asumió los costos con la imprenta del distrito, para la impresión de las cartillas, de los volantes y todo lo necesario para la logística de las elecciones, nosotros podemos hacer lo mismo ahora”.

Sin embargo, el registrador distrital explicó que el distrito no puede aportar a la financiación de la consulta, ya que es el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Hacienda, quien debe financiar estos procesos de participación ciudadana, y deben ser ejecutados por la Registraduría Nacional.

La consulta, luego de ser aprobada por el Concejo de Bogotá, pasó a revisión jurídica del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que señaló que el proceso de participación es acorde con la nueva Ley de Participación Ciudadana y con las normas de la Constitución.