Tribunal de Bolívar frenó la reposición de más de 50 buses en Cartagena
El fallo de primera instancia respaldó al Distrito en la regulación del transporte público

Buseta de la ruta Socorro, la cual manejaba el conductor en estado de embriaguez (DATT)

El Tribunal Administrativo de Bolívar le dio la razón al Distrito de Cartagena y al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) al revocar una sentencia que buscaba habilitar la cancelación de matrículas y la reposición de más de 50 buses de transporte público colectivo.
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La decisión de la Sala de Decisión N.º 6 dejó sin efecto las órdenes emitidas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito, tras concluir que no se configuró un incumplimiento de deberes legales claros por parte de la autoridad de tránsito distrital.
La acción de cumplimiento fue presentada por el ciudadano Oscar Miguel Noguera Piña, quien pretendía que el DATT permitiera los trámites de cancelación de matrículas por chatarrización y la posterior reposición de los vehículos. El demandante argumentó que los automotores habían superado los 20 años de vida útil y que los decretos distritales 0334 y 1252 de 2011 no debían impedir esos procedimientos.
El Tribunal expuso dos razones para decidir
Respecto a 46 vehículos, la corporación declaró improcedente la acción porque el demandante no acreditó haber solicitado previamente ante la administración el cumplimiento de los deberes legales relacionados con esos automotores.
En cuanto a los otros 10 buses, para los que sí se presentó una solicitud previa, el Tribunal negó las pretensiones. La decisión señaló que superar los 20 años de vida útil no genera automáticamente la cancelación de la matrícula ni el derecho a reponer el vehículo.
Además, precisó que los cambios en la ejecución de la Fase 3 de Transcaribe no implican que pierdan vigencia los decretos distritales relacionados con la capacidad transportadora y la reorganización del servicio.
Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, afirmó que la providencia respaldó la actuación del Distrito y la aplicación de las normas que regulan el transporte público.
Con el fallo de segunda instancia, el Tribunal negó que procediera la reposición automática de los vehículos mediante la acción de cumplimiento, en los términos solicitados por el demandante.




