Policía Antinarcóticos pidió a la ANLA aprobar piloto de aspersión aérea: máximo 1.000 hectáreas

La Policía Antinarcóticos le pidió formalmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, aprobar el protocolo para ejecutar el proyecto piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio 200 SL. La solicitud fue presentada dentro del expediente LAM0793 y hace parte del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Resolución 0007 del 25 de agosto de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes.

El plan fue definido como una actividad “experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable”. La resolución establece que solo podrán tratarse máximo 1.000 hectáreas y durante un periodo de hasta siete días calendario. Aunque en los documentos aparecen cerca de 5.000 hectáreas disponibles para una eventual aspersión en los municipios contemplados, esa cifra corresponde al universo identificado y no a la cantidad que será intervenida. La Policía, previa autorización de las autoridades ambientales, deberá seleccionar los polígonos específicos en los que se realizará el piloto.

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La selección de esos polígonos, según la documentación, busca reducir al máximo posibles afectaciones y estará sometida a planeación, seguimiento y evaluación entre las autoridades involucradas y la Dirección de Antinarcóticos. El objetivo del piloto es obtener evidencia científica verificable sobre la eficacia y precisión de la aspersión, la deriva del producto, los riesgos e impactos en la salud y el ambiente y la suficiencia de las medidas de manejo.

En el protocolo presentado ante la ANLA, Antinarcóticos también explica que algunas de las actividades contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental de 2019-2020 deben ser moduladas para este piloto. La Policía argumenta que determinadas medidas no serían viables en terreno debido al riesgo de atentados contra el personal y los bienes del Estado por parte de grupos armados ilegales, que eventualmente podrían generar afectaciones o víctimas entre la población civil. La institución aclara que esto no significa eliminar las medidas ambientales ni las obligaciones de seguimiento y reporte.

El documento establece además que serán públicos las fichas de manejo, seguimiento y monitoreo, los resultados de los monitoreos y los conceptos de las entidades que integren el Comité Técnico de Seguimiento, además de los pronunciamientos de la Procuraduría y la Defensoría. En cambio, la ficha de habilitación y sus soportes, incluidos los anexos cartográfico y operacional con la ubicación y características específicas de los polígonos, tendrán carácter reservado por razones de seguridad operacional y para evitar acciones de obstrucción, sabotaje o represalia.

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Finalmente, Antinarcóticos solicita a la ANLA aprobar el protocolo como instrumento de manejo y control ambiental del proyecto piloto. El informe final deberá ser público en sus componentes técnicos, ambientales y sanitarios, mientras que la información que pueda comprometer la seguridad de las personas, los bienes o la operación será protegida mediante una versión pública.

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