El papel de Colombia para resolver nuevo disgusto de EE.UU. con la ONU

Colombia tiene una carta que jugar en la crisis que en los últimos días sacudió a Naciones Unidas. El país, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el período 2026-2027, participa con voto propio, aunque sin poder de veto, en cada ronda del proceso de elección del nuevo secretario general de la organización.

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Ese asiento le da a Colombia un lugar directo en el centro del conflicto y pone al Gobierno de Abelardo de la Espriella a tomar una nueva decisión en torno al futuro de las Naciones Unidas.

Más aún porque en junio de este año, el país presidió el Consejo de Seguridad, y en ese rol la entonces embajadora, Leonor Zalabata, ya había discutido con la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, cómo fortalecer la cooperación entre ambos órganos en este mismo proceso de selección.

Desde el 7 de agosto, la representación de Colombia ante la ONU está en manos de un nuevo embajador, Mauricio Gaona, designado por el nuevo gobierno, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre el choque entre Baerbock, Washington y Moscú. Así como tampoco ha dicho nada sobre el reconocimiento de la ocupación de Israel sobre los Altos del Golán ni la posición que se tomó respecto al Sahara Occidental.

La disputa surgió el pasado 19 de agosto, durante el debate anual del Consejo sobre métodos de trabajo, cuando la embajadora de Estados Unidos, Jennifer Locetta, acusó a Baerbock de “abuso de poder” y “acciones irresponsables” en el desarrollo del proceso de selección del sucesor de António Guterres. El reclamo apuntó a un sondeo de opinión que Baerbock realizó el mes pasado sobre el desempeño de los candidatos —calificado por Locetta de “injusto, poco transparente y sin precedente”— y a una petición de la presidenta al Consejo de Seguridad para que no recomiende a ningún aspirante que no haya participado antes en un diálogo abierto con la Asamblea General.

Washington no estuvo solo. El embajador ruso Vassily Nebenzia se sumó a las críticas, diciendo que Rusia está preocupada por el papel que la propia Baerbock intenta atribuirse.

El trasfondo jurídico no es sencillo. El artículo 97 de la Carta de la ONU establece que el Consejo de Seguridad recomienda un candidato y la Asamblea General nombra sin necesidad de votación. Pero desde 2015, una resolución de la propia Asamblea mandató los llamados “diálogos interactivos” con los candidatos, buscando mayor transparencia. La disputa actual no es tanto por esos diálogos sino sobre si Baerbock puede ir más allá y condicionar a quién puede recomendar el Consejo.

El episodio no ocurre en el vacío. Desde enero, la administración Trump retiró a Estados Unidos de 66 organismos internacionales, entre ellos 31 entidades de la propia ONU, y ha recortado fondos que llevaron a la organización a advertir sobre una crisis de liquidez. Washington financia el 22% del presupuesto ordinario del organismo.

A eso se suma otro frente: legisladores republicanos ya piden formalmente el veto a una candidata concreta: la expresidenta chilena Michelle Bachelet, alegando su historial en materia de aborto y su relación con China durante su paso por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

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Por ahora, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han vinculado explícitamente el caso Baerbock a esa ofensiva más amplia contra la ONU. Pero el episodio le entrega a Washington un nuevo argumento concreto, y con el respaldo inesperado de Moscú, justo cuando la carrera por la Secretaría General entra en su etapa decisiva: el Consejo de Seguridad ya redujo el campo a tres candidatos —Carolyn Rodrigues-Birkett, Rebeca Grynspan y Rafael Grossi— antes de la votación formal, prevista para los próximos meses.

Con un asiento en la mesa y un acuerdo hecho por el gobierno anterior con Baerbock, la pregunta que queda planteada es si Colombia usará ese lugar para tender puentes en la disputa, o si se mantendrá al margen del cruce entre Washington, Moscú y la presidenta de la Asamblea General.

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