Choque de abogados del caso Carlos Caicedo: Diana Muñoz denuncia a Julián Quintana por injuria

La controversia entre los abogados Diana Muñoz y Julián Quintana escaló a escenarios judiciales. Muñoz, representante legal de Carlos Caicedo, presentó ante la Fiscalía una querella por el delito de injuria agravada, además de una queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura, por las afirmaciones que Quintana publicó en la red social X sobre su ejercicio profesional.

En el documento, la abogada sostiene que lleva aproximadamente 18 años ejerciendo la profesión y que durante ese tiempo ha mantenido una trayectoria que, según afirma, ha sido “íntegra, ética y conforme a los deberes propios de la profesión”. También asegura que “jamás” ha sido vinculada a investigaciones o procesos penales o disciplinarios derivados de su actividad como abogada.

Muñoz señala que, a finales de julio de 2026, asumió la representación judicial de Carlos Caicedo que según ella venía siendo objeto de “constantes ataques, señalamientos y acusaciones públicas” en redes sociales y medios de comunicación, entre ellos los promovidos por Julián Quintana Torres.

Según la denunciante, después de asumir dicha representación, Quintana habría trasladado hacia ella las descalificaciones que previamente dirigía contra su representado, con el propósito de “desacreditarme públicamente y afectar mi credibilidad como abogada”.

La querella hace referencia a una publicación realizada el 30 de julio en la cuenta de X de Quintana, identificada como @JulianQuintanaT, en la que escribió: “Ahora la abogada @DianaMunozC asume el proceso contra @carlosecaicedo. Conozco perfectamente cómo litiga y no es en derecho.”

Para Muñoz, esta última expresión constituye una descalificación directa de su ejercicio profesional, pues, según argumenta en el documento, transmite a la opinión pública la idea de que su actuación como abogada se desarrolla “al margen del ordenamiento jurídico”, además de insinuar comportamientos contrarios a la ley y a la ética profesional.

La abogada también sostiene que Quintana no presentó pruebas para respaldar esa afirmación y que la publicación tuvo un alcance superior a las 45.000 reproducciones, circunstancia que, según la querella, habría amplificado el impacto sobre su “honra, buen nombre, imagen personal y reputación profesional”.

En otro de los apartados, Muñoz afirma que las expresiones cuestionadas “menosprecian” sus 18 años de experiencia y pueden llevar a terceros a cuestionar su “integridad, idoneidad y profesionalismo”, afectando la confianza de clientes, colegas y autoridades judiciales en su trabajo.

Muñoz sostiene que las manifestaciones de Quintana “no constituyen una crítica objetiva sobre una actuación procesal específica, sino una imputación general y deshonrosa dirigida a desacreditar mi ejercicio profesional ante la opinión pública”.

Con base en estos argumentos, la abogada pidió que las autoridades establezcan si las expresiones publicadas por Quintana constituyen una conducta penal y disciplinariamente reprochable.

Cabe agregar que Carlos Caicedo fue condenado recientemente, en primera instancia, por irregularidades en un contrato de salud suscrito durante su administración como alcalde de Santa Marta.

La Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá lo declaró responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por un contrato de 2014 destinado a intervenir cinco puestos de salud de Santa Marta.