Magistrada Lombana rompió el silencio sobre sus diferencias con colegas de la Corte Suprema

La magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, respondió a los cuestionamientos surgidos por sus actuaciones dentro del proceso que se adelanta contra la senadora Martha Peralta Epiayú, investigada por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La reacción se produjo luego de que se conociera que cuatro de los cinco magistrados que integran la Sala, Francisco J Farfán, Marco Antonio Rueda, César Reyes y Misael Rodríguez, remitieron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación un memorial presentado por la defensa de Peralta, en el que se advierten posibles irregularidades en el trámite del proceso.

Según lo revelado por Daniel Coronell en el Reporte Coronell, la defensa de la senadora cuestionó actuaciones relacionadas con sus garantías procesales y, particularmente, con las medidas coercitivas adoptadas para lograr su comparecencia a una diligencia de indagatoria. Los cuatro magistrados consideraron que los hechos expuestos debían ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes para determinar si podrían tener consecuencias penales o disciplinarias.

El debate estaría relacionado con algunas decisiones adoptadas por Lombana dentro del proceso. De acuerdo con la información divulgada, sus cuatro colegas consideran que determinadas atribuciones no podían ser ejercidas de manera individual por una magistrada, sino que debían ser discutidas y decididas por la Sala de manera colegiada.

En medio de este escenario, Lombana, quien está próxima a terminar su período constitucional en la Sala Especial de Instrucción, defendió la legalidad de sus actuaciones y aseguró que las decisiones cuestionadas fueron avaladas por jueces constitucionales.

“Quiero ser absolutamente clara: esa actuación fue avalada por jueces constitucionales y se ajustó con regularidad a la ley”, afirmó la magistrada.

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Lombana sostuvo que no existe ninguna irregularidad que pueda resistir un “escrutinio técnico” y aseguró que actuó durante su período con independencia y apego a la ley.

La magistrada también se refirió a los cuestionamientos que, según dijo, ha recibido durante su paso por la Corte y denunció que ha sido objeto de “ataques reiterados”.

“Esos ataques, en lugar de amilanarme, me han fortalecido”, señaló.

Sin mencionar nombres, Lombana aseguró que algunos de esos cuestionamientos habrían tenido como propósito apartarla de investigaciones sensibles que habían trascendido a la opinión pública y que, según su versión, podían afectar intereses que preferían permanecer en la oscuridad.

Uno de los señalamientos más fuertes de la magistrada estuvo dirigido a sus propios compañeros de Sala. Lombana aseguró que los magistrados hombres que integran la Sala han votado reiteradamente para apartarla de expedientes que ella venía instruyendo.

“De los cinco magistrados hombres que integran esta Sala han sido quienes, de manera reiterada y votando en bloque, han promovido mi apartamiento de procesos que yo venía instruyendo”, afirmó.

Y agregó: “Ahí queda el dato. Para quien quiera contarlo, 4 contra 1 en decisiones sobre mí”.

La magistrada insistió en que se aproxima al final de su período con la “conciencia tranquila” y afirmó que no se ha doblegado ante presiones.

“Me acerco al final de este capítulo con la conciencia tranquila de haber ejercido la función judicial con independencia, con apego estricto a la ley y sin doblegarme ante presión alguna, viniera de donde viniera”, sostuvo.

El pronunciamiento de Lombana se conoce mientras la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y la Procuraduría deberán determinar si los hechos puestos en su conocimiento ameritan algún tipo de investigación.

La remisión hecha por los cuatro magistrados no implica, por sí misma, que Lombana tenga una responsabilidad penal o disciplinaria. Serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si las actuaciones denunciadas constituyen alguna irregularidad y si existe mérito para iniciar una investigación.

El caso resulta particularmente inusual dentro de la Corte Suprema, debido a que cuatro integrantes de una misma Sala pusieron en conocimiento de órganos externos cuestionamientos relacionados con las actuaciones de la magistrada que la integra.