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30 años de cárcel para entrenador de atletismo por abuso sexual a menores en Bucaramanga

La Fiscalía probó que el entrenador Giovanny Vega instrumentó su posición de poder entre el 2014 y el 2022 para abusar a las menores.

En un fallo judicial de amplio alcance para el deporte e instituciones en Santander, un juez de conocimiento condenó a 30 años de prisión al entrenador de atletismo Giovanny Vega Blanco, hallado responsable de un esquema continuado de agresiones sexuales y abusos contra siete deportistas menores de edad en Bucaramanga.

La decisión judicial se sustenta en el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, el cual logró acreditar que las agresiones se extendieron por un lapso de ocho años, entre 2014 y 2022.

Instrumentalización del rol formativo

De acuerdo con el expediente del caso, las víctimas eran atletas de entre 15 y 17 años integradas al club deportivo que dirigía el hoy condenado. Las jóvenes acudían a la institución en proceso de formación y con la aspiración de proyectarse a nivel nacional e internacional.

La investigación determinó que Vega Blanco utilizó su estatus técnico y la confianza depositada en su rol de tutor para cometer los delitos:

  • Sometimiento por autoridad: El condenado aprovechó su posición directiva y su trayectoria deportiva para intimidar a las menores, anulando la posibilidad de que denunciaran oportunamente.
  • Afectación en contextos de vulnerabilidad: Las pesquisas señalaron que la mayoría de las víctimas enfrentaba condiciones socioeconómicas complejas, factor clave en la dinámica de coerción.
  • Patrón de violencia psicológica: A los abusos físicos se sumaron agresiones verbales y tratos humillantes recurrentes, los cuales derivaron en severas secuelas psicológicas para las deportistas.

Alcance de la condena

Con base en las evidencias, la justicia imputó a Vega Blanco los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambos en modalidad agravada.

Junto a la pena privativa de la libertad por tres décadas, el juzgado le impuso una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 20 años.

La resolución corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que la defensa del procesado cuenta con el derecho de interponer los recursos de ley correspondientes.

Durante el juicio, el ente acusador reveló cómo el condenado intimidaba a sus deportistas:

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