Amparan derechos de más de 3.000 habitantes de Turbo, Antioquia, afectados por crisis sanitaria

Bogotá

Un juzgado amparó los derechos de más de 3.000 habitantes del barrio San Luis, en el corregimiento de Riogrande en Turbo, Antioquia, afectados por una crisis sanitaria. La Defensoría del Pueblo impulsó esta acción judicial luego de adelantar una visita en la que evidenció las graves afectaciones que sufría la comunidad y el juzgado ordenó a la administración de Turbo, Antioquia, implementar las medidas necesarias para poner fin a la crisis sanitaria ocasionada por el constante colapso de la red de alcantarillado y el desbordamiento de aguas residuales que afectan a la comunidad.

El fallo amparó los derechos colectivos de más de 3.000 personas al goce de un ambiente sano; a la moralidad administrativa; a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública y la prevención de desastres previsibles técnicamente.

Asimismo, el Juzgado estableció que el Distrito de Turbo, como entidad responsable de atender la problemática, debe cumplir las órdenes de la decisión.

El papel de la Defensoría del Pueblo

Como parte de su trabajo esta entidad realizó visitas al territorio y documentó la situación mediante registros fotográficos y audiovisuales. También presentó requerimientos a las autoridades competentes y, ante la falta de soluciones efectivas, acudió a la acción popular para proteger los derechos colectivos de los habitantes del barrio San Luis, compuesto por cerca de 350 viviendas, según cifras de la Defensoría.

Otras órdenes del Juzgado

El juzgado ordenó al Distrito de Turbo en un plazo de cinco meses, realizar una visita técnica con un equipo interdisciplinario para inspeccionar toda la red de alcantarillado del barrio, elaborar el diagnóstico del sistema, definir los estudios y diseños requeridos e identificar las obras necesarias para ampliar la infraestructura, de acuerdo con el crecimiento actual y futuro de la población.

La sentencia también ordenó que, dentro de ese mismo plazo, defina si la operación del sistema de alcantarillado será asumida por una empresa de servicios públicos habilitada.

El fallo estableció un plazo adicional de diez meses para ejecutar todas las acciones técnicas, administrativas, presupuestales y financieras que permitan solucionar de manera definitiva el colapso del sistema y evitar el desbordamiento de aguas residuales.