Denuncian irregularidades con recursos del OCAD Paz: Esto responde el DNP

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) se encuentra en el centro de cuestionamientos tras nuevas denuncias en su contra interpuestas ante la Procuraduría General de la Nación. Los denunciantes piden que la entidad sea investigada por la presunta existencia de un patrón sistemático de presiones, bloqueos administrativos e intermitencias tecnológicas calculadas, que tendrían como fin ejercer presión sobre alcaldes y gobernadores para forzar la exigencia de beneficios económicos indebidos a cambio de viabilizar proyectos del OCAD Paz.

La gravedad de las denuncias radica en que los recursos que financian esos proyectos del OCAD Paz vienen del Sistema General de Regalías, es decir, que esos dineros solo deben tener la finalidad de financiar infraestructura y cerrar brechas socioeconómicas en los municipios prioritarios históricamente más golpeados por el conflicto armado.

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¿Por qué investigan al DPN?

De acuerdo con las denuncias interpuestas por las veedurías ciudadanas, en el DPN se habría operado una secuencia de asfixia burocrática y digital. Se señala que los proyectos eran sometidos de manera intencional a caídas reiteradas de la plataforma, inhabilitaciones temporales de cargue, demoras extremas en conceptos y observaciones técnicas sucesivas o cambiantes. Según las denuncias, una vez los mandatarios locales entraban en una fase de “desesperación institucional” ante el riesgo inminente de perder la financiación y los plazos de las convocatorias, acudían al DNP.

Las denuncias señalan directamente a la subdirectora de Gestión de Proyectos del DNP, Diana Margarita López Riaño, nombrada en julio de 2025, así como a posibles intermediarios, asesores y contratistas. De acuerdo con las denuncias, la funcionaria persuadía presuntamente a los mandatarios sugiriéndoles que “existían otros métodos” formales por fuera de la legalidad para destrabar las iniciativas viales o de vivienda, abriendo la puerta a la supuesta exigencia de porcentajes financieros o direccionamiento de contratos.

Los denunciantes han solicitado al Ministerio Público intervención al DPN y a su subdirectora de Gestión de Proyectos para que se investiguen las irregularidades que se estarían presentando en relación con esos proyectos de paz.

¿Qué responde el DPN?

A través de un comunicado, la entidad fue enfática en señalar que, a la fecha, no existe ninguna evidencia material o técnica que permita concluir que han ocurrido irregularidades en el trámite de la tercera convocatoria del OCAD Paz, el cual continúa su curso reglamentario. Asimismo, el DNP aseguró que cada vez que han tenido conocimiento sobre presuntos casos de corrupción, los han trasladado de manera inmediata a las autoridades e instituciones de control correspondientes.

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Respecto a las denunciadas fallas e intermitencias en sus plataformas digitales, la dirección del DNP explicó que los incidentes no obedecen a bloqueos deliberados, sino a un proceso programado de migración masiva de datos hacia la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), procedimiento que había sido anunciado y aprobado con anterioridad. De acuerdo con Planeación Nacional, dicha migración se diseñó por franjas horarias específicas con el objetivo de mitigar impactos y permitir que los entes territoriales y el Gobierno nacional adelantaran sus trámites de manera ordinaria dentro de los plazos fijados por la convocatoria.

Corresponderá ahora a la Procuraduría General de la Nación y a los peritos forenses determinar si los bloqueos sistemáticos descritos por las veedurías ciudadanas constituyeron un problema de transición tecnológica o si, por el contrario, la infraestructura del Estado fue utilizada como un peaje informático para la corrupción