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Nueva propuesta del MinAmbiente sobre Santurbán enfrenta a ambientalistas y comunidades mineras

La delimitación progresiva del Páramo de Santurbán abrió un nuevo debate entre quienes celebran mayores restricciones para protegerlo y quienes aseguran que las medidas dejarán a los pequeños mineros en la ilegalidad.

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La nueva propuesta del Ministerio de Ambiente, que se dio a conocer este miércoles 15 de julio, para avanzar en la delimitación progresiva del Páramo de Santurbán, volvió a enfrentar las opiniones ambientales y sociales más sensibles de Santander.

Mientras organizaciones ambientalistas califican las medidas como un paso histórico para proteger las fuentes hídricas que abastecen a más de dos millones de personas, representantes de los mineros consideran que el proyecto tiene un trasfondo político y agravará la situación de las comunidades que dependen de esta actividad.

Las resoluciones fueron publicadas por el Ministerio de Ambiente para recibir observaciones de la ciudadanía antes de su adopción definitiva. Entre los cambios más relevantes se encuentra la delimitación progresiva del ecosistema en los municipios que participaron en la concertación, la extensión de medidas de protección a los bosques andinos y altoandinos y la creación definitiva de una reserva de recursos naturales en el sector de La Baja, en jurisdicción de California.

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En diálogo para Caracol Radio, Mayerly López, una de las voceras de los colectivos que defienden Santurbán, comentó que la propuesta recoge varias de las solicitudes que durante años hicieron las organizaciones ambientales.

“Celebramos estas medidas”, aseguró, al explicar que por primera vez se plantea una visión de protección integral del ecosistema y no únicamente de la línea del páramo. Según indicó, la inclusión de los bosques andinos y altoandinos responde a una exigencia histórica de los defensores del territorio, quienes sostienen que la conservación debe abarcar todo el sistema natural que alimenta las fuentes hídricas.

Uno de los aspectos que más destacó es la declaratoria definitiva de cerca de 1.499 hectáreas de reserva en el sector de La Baja, una zona que, según explicó, ha sido impactada tanto por minería ilegal como por actividades de exploración minera.

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López afirmó que la discusión no debe centrarse en escoger entre distintos modelos de explotación, sino en garantizar la protección del recurso hídrico. “No escogemos entre el veneno de la minería ilegal y el de la minería multinacional; escogemos la protección del agua para más de dos millones de personas”.

La ambientalista añadió que las restricciones deben ir acompañadas de una mayor presencia del Estado para combatir la minería ilegal y de programas de inversión social que permitan ofrecer alternativas económicas a las comunidades de Soto Norte.

Mineros advierten que las medidas los dejarían “en la ilegalidad”

La posición es completamente distinta entre los representantes del sector minero. Fabio Maldonado, integrante de uno de los colectivos de vocación minera, aseguró en Caracol Radio, que los pequeños productores no se oponen a la protección del páramo y, por el contrario, sostienen que los municipios de Vetas y California conservan algunos de los ecosistemas mejor preservados de Santurbán.

Sin embargo, afirmó que las nuevas medidas afectarían la minería que se desarrolla por fuera de la delimitación del páramo y pondrían en riesgo la legalidad de cientos de trabajadores. “Estas medidas prácticamente nos dejan en la ilegalidad”, manifestó.

Madolnado, comentó que, a su juicio, el proceso presenta múltiples irregularidades jurídicas y podría ser revisado por el próximo gobierno. “Hay alrededor de 28 vicios de forma que está incumpliendo el ministerio y el nuevo gobierno sin duda va a intentar echarlas para atrás”, afirmó.

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El representante de los mineros también criticó que, mientras se promueven nuevas restricciones, los pequeños productores continúan sin procesos efectivos de formalización. Según dijo, las comunidades mineras sienten que las decisiones terminan afectando a quienes trabajan legalmente, sin resolver el problema de la minería ilegal en la región.

Una discusión que sigue abierta

Las resoluciones permanecerán en etapa de consulta pública para recibir comentarios antes de que el Ministerio de Ambiente adopte una decisión definitiva.

El resultado del proceso será determinante para el futuro del Páramo de Santurbán, un territorio donde desde hace más de una década se enfrentan dos visiones: la de quienes consideran que la protección del agua exige mayores restricciones a la actividad minera y la de las comunidades que defienden la minería tradicional como su principal fuente de sustento.

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