Denuncian a Inversiones San Jacinto de Nelvic por presunto ecocidio en Villa de Leyva

Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación solicita investigar a cuatro personas y a la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. en Liquidación por las presuntas afectaciones ambientales ocasionadas durante el desarrollo del proyecto inmobiliario “Nuestra Señora del Buen Suceso”, ubicado en la vereda Sabana, en Villa de Leyva.

La acción judicial plantea la posible comisión de delitos como deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica, hechos que deberán ser verificados por las autoridades competentes dentro de la investigación.

En entrevista con Caracol Radio, el abogado denunciante, Kristhian Yezid Amaya Chaparro, explicó que los hechos se remontan al año 2022 y señaló que, según la denuncia, el proyecto habría sobrepasado ampliamente el alcance de la licencia urbanística inicialmente otorgada. «...La administración la había aprobado para aproximadamente 551 metros cuadrados para un uso de vivienda familiar. Sin embargo, las personas anteriormente mencionadas continúan con el desarrollo del proyecto (...) y mencionan que tienen aproximadamente 5.120 metros construidos, lo cual desborda totalmente la licencia que en inicio fue concedida por las autoridades administrativas...», afirmó.

El jurista aseguró que las presuntas intervenciones habrían incluido la alteración de cuerpos de agua y zonas protegidas, situación que, según dijo, generó inconformidad entre habitantes del sector. «...Con las denuncias y las quejas que fueron interpuestas por los ciudadanos (...) se estaban viendo afectadas por las inundaciones derivadas de estos desvíos de cauces y de la intervención de estos cauces de este megaproyecto...», manifestó. Añadió que tanto la Administración Municipal como Corpoboyacá emitieron conceptos y negaron solicitudes para ampliar las obras, aunque, según la denuncia, los trabajos continuaron.

Frente a la decisión de acudir a la vía penal, Amaya sostuvo que las presuntas conductas trascienden el ámbito administrativo debido a la magnitud del impacto ambiental denunciado. «...No solamente se está afectando unos intereses particulares, sino que ya se están pasando a afectar intereses de carácter general, como lo es el ambiente y las zonas hídricas del municipio...», indicó. Agregó que, a su juicio, «...actuaron teniendo pleno conocimiento de las restricciones que estaban vigentes y desobedecieron deliberadamente las decisiones de la administración...», razón por la cual considera que las sanciones administrativas resultarían insuficientes. Además, afirmó que «...se sigue generando un daño al ecosistema, se está haciendo un movimiento de tierras masivo, se están creando lagos artificiales (...) y también deforestaron un bosque que era nativo de estos predios...».

El abogado también expuso las medidas que espera sean adoptadas durante la investigación. Solicitó que la Fiscalía adelante «...las labores urgentes para esclarecer los presuntos hechos...», identifique a todos los posibles responsables y garantice la preservación de los elementos materiales probatorios. Como medida cautelar, pidió «...la demolición del porcentaje de la obra que no está legalmente construido” y que “se restablezca el predio al status quo“, es decir, “que se restablezcan las fuentes hídricas naturales con su cauce natural y que se haga una reparación al medioambiente y a los ciudadanos colindantes que se ven afectados con este megaproyecto...».

La denuncia se encuentra en una etapa preliminar y no constituye una declaración de responsabilidad penal contra los señalados. Corresponderá ahora a la Fiscalía determinar, mediante la práctica de pruebas, inspecciones y demás diligencias investigativas, si existen méritos para formular imputaciones o si los hechos corresponden únicamente a eventuales infracciones administrativas.