Acuerdo de paz, ¿qué implican los cambios administrativos en el nuevo gobierno?

En Hora20 el análisis sobre los horizontes de la paz en el gobierno de Abelardo de la Espriella, los cambios que se proyectan en términos administrativos e institucionales, así como la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016. Después, el debate ante las tensiones por la posesión presidencial, el veto del presidente saliente a una posesión en guarnición militar.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Mantilla, doctor en criminología, columnista y experto en dinámicas del conflicto, rescató que las modificaciones dependerán de las distintas funciones que se ejercen, “cada una de las consejerías tiene distintas competencias, algunas no se pueden desmantelar porque tienen que ver con los firmantes y las condiciones de seguridad de firmantes porque hay sentencias de la Corte Constitucional por la muerte de excombatientes y son derechos adquiridos que no se podrían desmantelar, pero lo que creo que veremos es una estrategia de marchitamiento, desfinanciar, marginar programas y dejarlos en ostracismo en alguna dependencia”. Por el contrario, dijo que hay otras dependencias como el Comisionado de Paz que tiene el tema de negociación y verificar ceses, “eso se puede eliminar y creo que el sometimiento, que es la perspectiva del nuevo gobierno, implica una suerte de negociación que sería con la Fiscalía o el Ministerio de Justicia”.

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Sandra Borda, internacionalista, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes y doctora en Ciencia Política, manifestó que se debe separar la política de seguridad, frente a la política de implementación, “acá el proceso de implementación del Acuerdo no está en discusión en lo legal”. Sin embargo, dijo quedan dudas sobre las funciones, aunque afirmó que estos cambios no son nuevos, “durante el gobierno Petro hubo un momento en que se pasó al Ministerio del Interior la implementación de la paz, entonces eso tiene arreglos distintos, pero hay que poner atención para que no ocurra lo de gobierno anterior, que sea la voluntad política de implementar lo que se debe vigilar”.

Sobre las consejerías, explicó que su razón de ser es tener unos agentes que vigilan la ejecución y movimientos en ministerios donde los jefes de esas carteras no son cercanos al presidente de turno.

Carlos Fernando Motoa, senador de la república por Cambio Radical, reiteró que los colombianos votaron por un cambio, un rumbo diferente en conducción del Estado, sobre todo, temas de seguridad, “la paz total llevó a un retroceso en la protección de los colombianos, y esa tarea de recuperar la seguridad le corresponde a Abelardo de la Espriella”. Manifestó que el presidente electo le corresponde cumplir con el acuerdo de La Habana, “debe cumplir la ley, pero debe quedar claro que en sus funciones administrativas él es el jefe máximo y puede reasignar funciones y hacerlo más eficiente, pero toca hacer consideraciones como las modificaciones a una entidad, pero hay otras que son de creación legal, como figura del alto comisionado paz, entonces si se quiere eliminar esa figura, puede presentar ley a consideración, porque no se puede desconocer”.

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José David Riveros, exsecretario de Gobierno de Bogotá, consultor y abogado, explicó sobre la capacidad de las consejerías y los consejeros, que es casi nula, “no tienen plata, no ejecutan, y quienes toman las decisiones son directores de agencias o ministros”, en ese sentido, dijo que sí estaría de acuerdo en poner fin a consejerías porque terminan duplicando funciones que se ejercen en algunos ministerios.

Sobre el Acuerdo de paz dijo que este tiene muchos elementos, como la participación política de los exfarc y su responsabilidad jurídica, “yo creo que esos dos elementos ya los podemos chulear, no tiene sentido devolvernos a discusiones del pasado”. Sin embargo, dijo que hay otros elementos que sí se pueden modificar o marchitar como no dar dinero a los PDET, las políticas de reincorporación o de sostenibilidad a víctimas y a quienes entregaron las armas, “acá nos concentramos si ‘Timochenko’ y 10 más deberían ir a la cárcel, pero hay 12 mil personas más que han tratado de hacer sus vidas tras entregar las armas; no es mejor devolverlos a la guerrilla, eso no puede pasar”.

Frente a la JEP, dijo que si bien se debe analizar cómo le ha ido en sus años de funcionamiento y que va más lento de lo que se quisiera, ya se conocen dos sentencias, “estamos en un punto en el que la JEP llega a sentencias y eso implica cumplir con las condenas, con condenas en secuestro y tortura de Farc, ahí ya la Sección Apelación dio elementos sobre cómo cumplir y hay acciones de reparación que necesitan plata, entonces hoy el Estado no puede, ya que llegamos a este punto, que se le dé la espalda a las víctimas cuando por fin encontramos un poco de justicia”.

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En entrevista, Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista y profesor en la Universidad del Rosario, explicó que se debe distinguir los distintos escenarios, “uno es el constitucional con los acuerdos con Farc que tienen rango constitucional, y segundo, el administrativo donde hay dependencias en ejecutivo para la implementación; en lo administrativo hay autonomía para modificar arquitectura, trasladar dependencias y modificarlas”. Manifestó que constitucionalmente se tienen que cumplir acuerdos, “la JEP se concibió por un término, próximo a cumplirse y viene reflexión si se prorroga o cómo se proyecta sus funciones si llega a desaparecer”, en ese sentido, remarcó que si no se prorroga, se debe mirar hacia la justicia ordinaria o un régimen de transición para que se cumpla con la norma constitucional.

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