Los dos congresistas de Boyacá condenados por la Corte Suprema en primera instancia
Los congresistas boyacenses recibieron penas de prisión, multas e inhabilidades para ejercer cargos públicos.
Corte Suprema condenó en primera instancia a dos congresistas de Boyacá
Boyacá
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a los congresistas boyacenses Pedro José Suárez Vacca y Ciro Alejandro Ramírez Cortés por hechos ocurridos antes de llegar al Congreso. Las decisiones fueron adoptadas en primera instancia y aún pueden ser impugnadas.
En el caso del representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca, la Corte lo declaró responsable del delito de prevaricato por acción agravado y continuado. Según la sentencia, cuando se desempeñaba como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja concedió y posteriormente mantuvo el beneficio de prisión domiciliaria a un hombre condenado por secuestro y tráfico de estupefacientes, pese a que la ley prohibía ese beneficio para ese tipo de condenados.
Por estos hechos, la Corte lo condenó a 68 meses y 24 días de prisión, le impuso una multa equivalente a cerca de 100 salarios mínimos mensuales y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 110 meses y 11 días. Además, le negó la prisión domiciliaria y ordenó que publique, con sus propios recursos, un resumen del fallo acompañado de un mensaje de disculpas públicas dirigido a la Rama Judicial, al Estado colombiano y a la ciudadanía.
En otra decisión, la Corte Suprema condenó al exsenador boyacense Ciro Alejandro Ramírez Cortés por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
El alto tribunal concluyó que Ramírez lideró una organización criminal integrada por funcionarios públicos, particulares y contratistas para direccionar contratos de infraestructura vial, con el propósito de favorecer a quienes respaldaron su campaña política.
Como consecuencia, fue condenado a 279 meses y 8 días de prisión, inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 280 meses y 20 días y sancionado con una multa superior a 22.340 millones de pesos, correspondiente a 19.402 salarios mínimos de la época de los hechos. La Corte también le negó la suspensión de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria.
