Contraloría Distrital abre fiscalización formal al servicio de agua en Cartagena tras racionamientos

Las recurrentes suspensiones en el servicio de agua potable que han afectado a diversos sectores de la ciudad generaron una acción contundente por parte de la Contraloría Distrital de Cartagena. La entidad fiscalizadora anunció la apertura de un proceso formal de auditoría y fiscalización a la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar), con el objetivo de evaluar a fondo las causas de las fallas operativas y verificar el cumplimiento de los planes de contingencia e inversión estipulados.

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La instalación del proceso de fiscalización fue liderada en campo por la contralora distrital, Yadira Morales Roncayo, junto a su equipo de auditores. Esta decisión del ente de control se da tras conocerse que el alcalde mayor, Dumek Turbay Paz, presentará una acción popular contra Acuacar y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La administración distrital ha cuestionado severamente tanto la capacidad de respuesta de la empresa operadora ante las emergencias como el papel de vigilancia del órgano nacional.

Respecto al inicio de estas investigaciones, la contralora Morales Roncayo advirtió de manera contundente: “Esta instalación se da en ocasión de las denuncias públicas que ha hecho el señor alcalde Dumek Turbay de la inconformidad que tiene la ciudadanía en la prestación del servicio público y de todo este tema que rodea la ejecución del contrato de operación”.

La auditoría de la Contraloría se centrará en revisar la infraestructura técnica del acueducto, la ejecución del presupuesto destinado al mantenimiento de las redes y la eficiencia de los protocolos activados durante las contingencias, enfocándose especialmente en los compromisos pactados en el denominado Otrosí No. 3. Para la entrega de los resultados y un veredicto definitivo sobre esta investigación, el organismo de control estableció un plazo máximo de cuatro meses.

El equipo de auditores recopilará los informes técnicos de los últimos meses, los registros de quejas radicados por la comunidad y los reportes de los daños en las tuberías principales que dejaron sin el líquido vital a decenas de barrios. Los resultados de esta fiscalización, que camina en paralelo a las acciones legales del mandatario local, serán determinantes para definir las responsabilidades tanto de la empresa prestadora como de las entidades encargadas de su vigilancia.