Condenados cuatro exfuncionarios por actos de corrupción en Cartagena
La decisión judicial se relaciona con hechos ocurridos entre 2009 y 2010
Caracol Radio
Elementos de pruebas presentados por fiscales de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar permitieron que jueces con funciones de conocimiento condenaran a cuatro personas implicadas en delitos que afectaron el erario.
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Se trata de Lewis Caraballo Torres, Delsy Selene Sánchez Camargo y Claudia Patricia Valdés Bohórquez, quienes habrían aprovechado su entonces condición de funcionarios de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos para incurrir en actos de corrupción. Los tres fueron sentenciados a 6 años de prisión por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
La decisión judicial se relaciona con hechos ocurridos entre 2009 y 2010 cuando la empresa de transporte público de Cartagena celebró varios contratos para adquirir predios con el propósito de adecuar vías y construir paraderos.
Al respecto, se evidenció que dos particulares y una empresa privada, antes de protocolizar las referidas ventas, realizaron aclaraciones de linderos ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, lo cual generó un incremento en el área de los predios y en consecuencia un aumento en el avalúo de estos. Este trámite fue avalado y aprobado por los ahora sentenciados sin los soportes correspondientes.
Entre ello, el concepto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que fue omitido. En otra investigación, un juez avaló las pruebas presentadas por la Fiscalía y condenó a Norelis Sofía Alemán Álvarez a 5 años y 3 meses de prisión, pues como exanalista de crédito de una caja de compensación en la capital bolivarense incurrió en el delito de peculado por apropiación.
El ente acusador determinó que, durante enero, marzo, abril y mayo de 2015 la mujer aprobó en su favor cuatro préstamos por 11’900.000 de pesos.
Esta gestión se hizo incumpliendo requisitos tales como entregar soportes de ingresos y autorizaciones por parte del área de recursos humanos. Además, se detectó que ella anuló del sistema los créditos sin haberlos cancelado.
A la pena de prisión se suma el pago de una multa de 3.203 salarios mínimos legales vigentes, y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena. Contra las dos sentencias proceden los recursos de ley.
