Así cambiará la educación ambiental en Colombia tras 24 años: estos son los principales cambios

La educación ambiental en el país dejará de centrarse únicamente en campañas de reciclaje o en promover el ahorro del agua. Con la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), presentada por los ministerios de Educación y Ambiente, el Gobierno busca que colegios y universidades incorporen una visión más amplia frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las problemáticas socioambientales que enfrentan los territorios.

La política, que no había sido modificada desde 2002, fue actualizada aseguran, tras tres años de trabajo y con la participación de más de 12.000 personas entre estudiantes, docentes, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, organizaciones sociales y académicos.

“Si en su momento fue importante formar a la juventud colombiana en la necesidad de cerrar el grifo del agua o separar los residuos, ahora hay que formar también en una acción mucho más decidida y sistémica frente a la crisis climática”, aseguró el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Del reciclaje a la acción climática

Uno de los principales cambios es que el cambio climático se convierte en un eje estructural de los procesos educativos. La intención del Gobierno es que la educación ambiental deje de ser vista como una serie de actividades aisladas y pase a formar parte de una comprensión más integral de las problemáticas ambientales y sus posibles soluciones.

La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, explicó que la actualización responde a una “policrisis ambiental” marcada por el cambio climático, la contaminación y la degradación de los ecosistemas, fenómenos que hoy afectan de manera directa a las comunidades.

Según la ministra, las crisis ambientales obligan a replantear la manera de entender la relación entre las personas y la naturaleza y a conectar la educación con los desafíos de cada territorio.

Nuevos conceptos entran a las aulas

Confirmaron que efectivamente habrá un cambio de pension o curriculum academico. La nueva política incorpora por primera vez conceptos como justicia climática, justicia hídrica, transición justa y paz con la naturaleza, oportunidades que se preveen articular la protección del ambiente con la construcción de paz y la transformación social.

Tambien, la actualización contempla nuevos procesos de formación para docentes y el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), que durante años han sido una de las principales herramientas de educación ambiental en el país.

Para el Ministerio de Educación, las instituciones educativas deberán convertirse en espacios de encuentro entre conocimientos científicos y saberes locales, y tener una mayor relación con las necesidades y problemáticas de las comunidades.

“El colegio es, en muchos territorios, el único lugar con el que cuenta una vereda para las reuniones de las juntas de acción comunal. Son centros comunitarios para la vida”, afirmó Daniel Rojas.

Las universidades tendrán un papel más activo

Uno de los cambios más relevantes es que las instituciones de educación superior dejarán de tener un papel de apoyo y asumirán una participación más vinculante en el desarrollo de la política.

De acuerdo con el ministro de Educación, Daniel Rojas las universidades que aspiren a obtener la acreditación en alta calidad deberán fortalecer procesos de ambientalización curricular, impulsar investigaciones orientadas al desarrollo sostenible, promover la gestión de campus verdes y trabajar junto a las comunidades para atender problemáticas socioambientales.

La meta, explicó el funcionario, es que las universidades se pongan al servicio de los territorios y contribuyan a enfrentar los desafíos ambientales del país.

A diferencia de la política expedida en 2002, el nuevo marco estratégico estará conformado por 17 procesos y 57 líneas de acción, que orientarán el trabajo de las instituciones y comunidades en todo el territorio nacional.

¿Cómo se financiará?

Uno de los interrogantes que deja la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental es cómo se pondrán en marcha las nuevas acciones planteadas. Sobre este punto, el ministro de Educación, Daniel Rojas, explicó que la financiación será intersectorial y que los recursos no provendrán únicamente del sector educativo.

Según el funcionario, la implementación se apoyará en los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a la educación preescolar, básica y media, así como en las transferencias que recibe la educación superior pública. A esto se sumarán aportes de entidades nacionales y territoriales, recursos provenientes de fondos ambientales como el Fondo Nacional Ambiental (Fonam) y el Fondo para la Vida, además de cooperación internacional.

Rojas también señaló que la nueva política contempla la participación del sector privado mediante alianzas público-privadas y esquemas de cooperación con actores sociales y comunitarios, con el propósito de garantizar la sostenibilidad financiera de las acciones previstas.

La apuesta del Gobierno, según explicaron es que la implementación de la política no recaiga en una sola entidad, sino que sea un esfuerzo articulado entre los sectores de educación y ambiente, las autoridades territoriales, las universidades, las comunidades y otros actores públicos y privados.