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Fiscalía imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué por presunto direccionamiento de contrato

La Fiscalía imputó a la alcaldesa Johana Aranda por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué

Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué

Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué

Ibagué

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera; a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal; y a un contratista, por presuntas irregularidades en un contrato de $73 millones suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a los animales del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA).

Los demás imputados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el secretario de Gobierno para la época de los hechos; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.

Según la investigación, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en Amaya Márquez y dado instrucciones para adjudicar el contrato a la empresa Servicios Empresariales SKY S.A.S., encargada del servicio de aseo de la Alcaldía y de los colegios de la ciudad.

Presuntamente, Veloza Guio, Soto Salas y el secretario de Gobierno celebraron el contrato pese a conocer que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos.

Además, habrían elaborado estudios con precios por fuera de las condiciones del mercado y solicitado cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, cuyos representantes legales tenían vínculos de parentesco.

Por su parte, Ernesto Alfonso Quiroga habría permitido el direccionamiento del contrato a su favor y obtenido 34.991.000 pesos por concepto de sobrecostos.

En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Ninguno de los imputados aceptó los cargos.

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