Piden medidas por situación de mujeres privadas de la libertad en Cartagena

La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-126 de 2009, constató que el entonces Centro de Reclusión para Mujeres Privadas de la Libertad del Distrito de Cartagena que funcionaba en el barrio San Diego, adolecía de un grave deterioro estructural de sus instalaciones, y ordenó su reubicación por considerar que dichas condiciones ponían en riesgo la vida e integridad de las internas.

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Pasaron 10 años para que esta orden se cumpliera. No obstante, no hubo planeación ni “tiempo” para construir o adquirir un lugar adecuado, digno para la reclusión de las mujeres privadas de la libertad.

El traslado se dio en medio de contrataciones no muy claras, a un lugar que había sido creado como una estación de gasolina y que no cumplía con los requisitos para albergar a las reclusas. A pesar de todo esto y de no contar con suministro de agua potable, mediante acueducto ni alcantarillado para aguas residuales, desde 2019 viene funcionando como centro de reclusión.

Mediante una acción popular promovida por miembros de la comunidad, se acreditó judicialmente que el inmueble donde actualmente funciona la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena incumple las normas de uso del suelo establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Turbaco, y no reúne las condiciones exigidas para el fin que cumple.

En sentencia de primera instancia dentro de la acción popular radicada bajo el No. 13001-33-33-010-2019-00127-00, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena concluyó que el funcionamiento del establecimiento penitenciario en dicho inmueble vulnera el ordenamiento urbanístico aplicable, al encontrarse ubicado en una zona clasificada como Suelo de Expansión Urbano de Vocación Industrial (S.E.U.V.I.), donde no está permitido el funcionamiento de un centro de reclusión.

Como consecuencia, el juzgado ordenó al Distrito de Cartagena adelantar las gestiones administrativas necesarias para trasladar el establecimiento a un inmueble apto en un término no mayor a cuatro (4) meses.

Dicha decisión fue apelada por las autoridades correspondientes; sin embargo, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó integralmente la sentencia de primera instancia, ratificando la obligación estatal de trasladar el establecimiento carcelario; dejando en claro que el nuevo establecimiento debe cumplir con todas las normas.

Ante la grave situación y el peligro que genera para las reclusas estar privadas de su libertad, en un lugar que no cuenta con los servicios básicos y no cumple con los requisitos técnicos y la desobediencia de las autoridades renuentes a cumplir las órdenes judiciales, fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud formal de medidas cautelares.

Dicha petición fue promovida por el defensor de derechos humanos y escritor colombiano Oscar Borja, quien advirtió sobre la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia que comprometería derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad personal y la dignidad humana de las internas; y también se ven afectados derechos colectivos como la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.

Según la solicitud, las problemáticas relacionadas con el establecimiento penitenciario no son recientes y han sido objeto de múltiples decisiones judiciales en Colombia durante los últimos años, sin que hasta el momento se haya logrado una solución definitiva.

Entre las principales preocupaciones expuestas se encuentran las condiciones materiales del lugar de reclusión, dificultades relacionadas con servicios básicos esenciales y presuntos incumplimientos estatales frente a órdenes judiciales previamente emitidas.

Dentro de las medidas solicitadas a la CIDH se encuentra el requerimiento al Estado colombiano para adoptar acciones inmediatas orientadas a garantizar condiciones de reclusión compatibles con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.