Empresas de transporte alertan crisis por sobrecarga regulatoria y avance de la informalidad
El gremio solicita a la Superintendencia de Transporte reducir las cargas administrativas y liderar ofensiva nacional contra el transporte ilegal.
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Medellín, Antioquia
El sector formal del transporte intermunicipal en Colombia lanzó una alerta sobre una situación que, según advierten, pone en riesgo la sostenibilidad económica y jurídica.
En una comunicación dirigida a la Superintendencia de Transporte, representantes del gremio denunciaron una creciente asimetría regulatoria, donde las empresas legales enfrentan una alta carga de reportes, exigencias tecnológicas y costos operativos, el transporte informal continúa expandiéndose con escaso conrol estatal.
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Peticiones y adopciones de la crisis
De acuerdo con el pronunciamiento, los constantes requerimientos de información y la obligación de adotpar plataformas tecnológicas complejas han elevado significativamente los costos de operación, sin traducirse en mejoras de eficiencia.
Esta situación, aseguran, ha derivado en una “burocratización asfixiante” que debilita la competitividad del sector formal.
A la par, el gremio cuestiona lo que considera un desequilibrio en la acción estatal. Señalan que la fiscalización se concentra en las empresas que cumplen la normativa, mientras el transporte ilegal, que no tributa ni garantiza condiciones de seguridad para los usuarios, opera sin los controles efectivos.
Otro de los puntos críticos expuestos es la falta de articulación entre la autoridad nacional y los entes territoriales.
Accionar de las autoridades y medidas tomadas
Según el documento, alcaldías y secretarías de tránsito estarían ejerciendo un control insuficiente frente al llamado “transporte pirata”, lo que agrava el problema de informalidad en distintas regiones del país.
Ante este panorama, el sector solicitó tres medidas urgentes: simplificar los requerimientos administrativos, implementar una estrategia nacional coordinada contra la informalidad y garantizar un equilibrio en la aplicación de la ley que no castigue desproporcionadamente a quienes operan dentro de la legalidad.
El gremio reiteró su compromiso con el cumplimiento normativo, pero advirtió que sin cambios estructurales en la política de control y regulación, la viabilidad del transporte intermunicipal formal podría verse seriamente comprometida.
